El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción anunció “un seguimiento riguroso” al proceso penal para que tanto los directivos del Fondo Indígena como los beneficiarios de los proyectos respondan por el “daño económico al Estado” calculado en Bs 77 millones.
“Vamos a efectuar un seguimiento minucioso para que no solo los responsables de la administración de estos recursos puedan responder ante la Justicia, sino también para que los beneficiarios rindan cuentas”, apuntó la titular de esa cartera en una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia que se difunde por la red de medios estatales.
Aunque la denuncia penal está dirigida contra los exdirectores Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo, quienes regentaron el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) entre 2010 y 2013, el 12 de febrero el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, dijo que había otros responsables.
“Se han establecido responsabilidades contra los representantes legales, comisiones, administración y en la ejecución de los proyectos”, precisó entonces.
La Contraloría estableció un daño económico al Estado de Bs 71 millones, los que fueron desembolsados para 153 proyectos que no se ejecutaron.
Valdivia precisó que los informes de Transparencia “ratifican” los hallazgos de la Contraloría. “Son 253 responsables, vamos a ser respetuosos de la investigación y dejar que el Ministerio Público haga su trabajo. Sí vamos a ser celosos en el seguimiento”, recalcó. El asesor del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo, Hugo Flores, denunció que dirigentes campesinos e indígenas se “embolsillaron” los recursos de los proyectos.
