La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, será interpelada por la Asamblea Legislativa para responder por los “malos manejos” de recursos económicos que la Contraloría evidenció en proyectos rurales que impulsó entre 2010 y 2013 el Fondo Indígena, entidad que preside.
“En los próximos días la ministra Achacollo va a ser convocada por nosotros, le vamos a hacer una interpelación en la Asamblea y seguramente ahí conoceremos cuáles son los pormenores. Nuestra intención es que ella, que encabeza este Fondo, pueda venir a darnos los informes respectivos”, puntualizó ayer el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.
La autoridad indicó que el mandatario Morales instruyó al Legislativo, en una reunión que se efectuó ayer y en la que se evalúo el informe entregado por la Contraloría el pasado jueves, “sancionar a quien se tenga que sancionar, independientemente de qué cargo ocupe”.
El numeral 18 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que los ministros interpelados pueden ser censurados por dos tercios de los miembros del Legislativo. Si existe censura, implicaría la destitución de la ministra Achacollo.
Informe. La Contraloría detectó, tras una primera fase de auditoría, un daño económico al Estado de Bs 71 millones en 153 proyectos de desarrollo productivo y social en el área rural que nunca llegaron a ejecutarse. Otros 100 proyectos que recibieron Bs 74,6 millones no cerraron de manera formal su labor, por lo que no se tiene constancia de su ejecución, y 169 proyectos no tienen el “cierre” correspondiente, pese a que recibieron el 100% de los recursos: Bs 132 millones.
El informe de responsabilidades de la Contraloría recae en los exdirectores del Fondo Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo (2010-2013), aunque también a unos 253 beneficiarios, representantes legales y responsables de las comisiones de administración y ejecución de proyectos.
Desde la oposición en el Legislativo, el jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Óscar Ortiz, anunció que los supuestos malos manejos realizados en el Fondo Indígena merecen “una investigación más profunda”, por ello exigió que se convoque, además, al contralor Gabriel Herbas y a los directivos actuales y de anteriores gestiones que regentaron la entidad, para conocer mayores detalles sobre el manejo de los recursos.
En tanto, el diputado de la misma tienda y exdirectivo indígena Rafael Quispe dijo que alistan una demanda penal que ratifica la interpuesta por la Contraloría, pero que incluye a Achacollo. “La tipificación está dentro de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, no solo por malversación, sino por uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y conducta antieconómica”, indicó Eduardo León, jurista a cargo del litigio.
Achacollo no se pronunció al respecto, empero, convocó para el martes —mediante comunicado de prensa— a los miembros del directorio del Fondo Indígena para perfilar la reestructuración de la institución responsable de canalizar los recursos provenientes de parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La reunión será en La Paz y fueron citados los representantes de las ocho organizaciones.
Reingeniería en el fondo
Mecanismos
El presidente Evo Morales instruyó una “reingeniería” del Fondo en sí y de los mecanismos de control y fiscalización, para establecer “reglas mucho más severas”, informó el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.
