La Fiscalía General del Estado convocó a través de un edicto al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez para que asumen defensa en la acusación presentada por la Asamblea Legislativa Plurinacional por la comisión de tres delitos en dos casos por el proceso de capitalización y privatización de empresas públicas.
El edicto fue publicado “en razón de ignorarse su paradero y al no tener domicilio conocido en Bolivia”, refiere parte del edicto, donde también se los cita para que asuman “su defensa material y técnica, y presenten su declaración informativa en calidad de denunciados”. Fija un plazo de 10 días para cumplir con el requerimiento fiscal.
Los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, período 2010-2015, aprobaron en enero la proposición acusatoria contra 11 exautoridades, tras una investigación desde 2013 que encontró responsabilidades penales por dos casos de privatización y capitalización de empresas públicas. Entre los acusados está el político y empresario Samuel Doria Medina.
Según el informe final sobre las privatizaciones, el 21 de julio de 1993, con los recursos que comenzó a administrar Funda-Pro, se creó el Banco de la Producción SA (Banco-Pro), con la participación de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Microempresa (Prodem), cuyo socio mayoritario era Gonzalo Sánchez de Lozada, además de incluir a su empresa minera Comsur SA.
En el caso, además de Sánchez de Lozada y Sánchez, están implicados los exministros Fernando Illanes, Renaldo Peters y Doria Medina, según el contenido del edicto, donde se identifican que los citados están vinculados con delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El segundo caso investigado y con proposición acusatoria está relacionado a la capitalización de una subsidiaria de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (Enfe) de la Red Andina (FCA-SAM), en un 50% de su valor real, a favor de la chilena Cruz Blanca.
El Legislativo aprobó hoy la formación de una nueva comisión especial para una segunda parte del proceso de privatización y capitalización. El vicepresidente Álvaro García aseguró que los responsables de la venta de los bienes del Estado deben ser procesados.
