La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a la propiedad privada y a la libre circulación de la exalcaldesa de la ciudad de La Paz Lupe Andrade, por lo que remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Las violaciones fueron identificadas en tres de seis procesos seguidos contra la exautoridad.
Un reporte de prensa del organismo internacional da cuenta de la conclusión y recomendaciones de la CIDH. Andrade fue procesada por presuntos malos manejos de recursos económicos públicos en el ejercicio de sus cargos de concejal, presidenta del Concejo y alcaldesa del municipio de la ciudad de La Paz.
La revisión de la denuncia da cuenta de que el Estado vulneró los derechos de la exautoridad al ejecutarse un hábeas corpus tras cinco meses de haberse resuelto y no fijar de forma individual la fianza determinada en el caso. “La Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad personal y el derecho a la propiedad privada”, refiere la nota.
Además, el arraigo dispuesto contra la acusada, que le impide salir de Bolivia desde hace más de diez años, no respetó los “estándares interamericano”, por lo que se violó su derecho a la libre circulación. “La Comisión consideró que tres procesos penales no tuvieron una duración razonable debido a que las autoridades judiciales actuaron deficientemente y no realizaron actos procesales significativos para determinar la situación jurídica de Lupe Andrade”, añade el reporte.
El caso fue remitido a la Corte IDH para su procesamiento, después que el Estado no cumpliera con las recomendaciones emitidas como el levantar las medidas cautelares dispuestas contra la demandante, garantizar un proceso expedido e imparcial y poner en marcha acciones para evitar se repita similares hechos.
También recomendó “reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el aspecto material como moral, tomando en cuenta los montos ya percibidos por Lupe Andrade por concepto de reparación”. El Estado no presentó un informe requerido y no pidió ninguna prórroga.
