El actual director del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Marco Antonio Aramayo, aceptó ayer que el “seguimiento y monitoreo” a los proyectos rurales que propugna la entidad fueron insuficientes.
“Reconocemos que ese seguimiento y ese monitoreo ha sido insuficiente, porque la demanda de los beneficiarios de miles de comunidades sobrepasa la capacidad técnica que tiene esta institución. No es que los técnicos del Fondo y su Director Ejecutivo no hayan hecho nada”, señaló en una entrevista concedida a La Razón.
La Contraloría detectó, tras una primera fase de auditoría, un daño económico al Estado de Bs 71 millones en 153 proyectos de desarrollo productivo y social en el área rural que nunca llegaron a ejecutarse. Asimismo, en el caso denominado Zapata, el Fondo Indígena desembolsó Bs 598.395 para la construcción de una obra que solo costaría Bs 100.000, según la investigación inicial realizada por el Ministerio Público.
Investigados. Aramayo, además de los exdirectivos Elvira Parra y Daniel Zapata, deben responder por estas denuncias ante el Ministerio Público a pedido de la Contraloría General del Estado, que halló indicios de delitos penales.
“No nos vamos a esconder y vamos a responder cuando se nos convoque a la Fiscalía, a la Contraloría y al Ministerio de Transparencia para que respondamos por nuestros actos”, dijo Aramayo, en el cargo desde agosto de 2013.
Según el director, las organizaciones indígenas y campesinas alistan un replanteamiento de “la construcción de este modelo” que produjo falencias en los procesos de descargo de los fondos. “Se les entregó recursos a nuestros ciudadanos sin la suficiente capacitación; el Estado no desarrolló esas capacidades”, lamentó y luego convocó a los sectores a mantener la calma. Recordó que fue su dirección la que pidió auditoría a 1.200 proyectos.
