La intervención al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) se extenderá hasta agosto con la posibilidad de ampliar el plazo para cumplir con el trabajo administrativo-financiero y técnico operativo sobre el manejo del dinero de la entidad tras las denuncias de corrupción.
El plazo está fijado en el decreto 2274 que establece los objetivos de la intervención y viabiliza la posesión de la interventora, cargo que recayó en la abogada Lariza Fuentes. El martes 25 inició la intervención del Gobierno tras las denuncias preliminares de la Contraloría del Estado de un daño económico de 71 millones de bolivianos por proyectos no ejecutados.
“Se dispone la intervención por un plazo de seis (6) meses, plazo que podrá ser ampliado si los hechos así lo requieran”, establece el artículo 3 del decreto que, en el artículo 4, refiere las funciones de la fiscalización a la entidad encargada de canalizar parte de los dineros del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a proyectos rurales.
Entre las responsabilidades de Fuentes está realizar la ejecución, seguimiento, monitoreo, evaluación y cierre de los proyectos; encarar acciones para implementar las observaciones y recomendaciones de la Contraloría, y prestar la “cooperación necesaria y útil” a las autoridades que investigación las denuncias.
Además del daño de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos, fueron identificados otros 100 que recibieron Bs 74,6 millones y no cerraron de manera formal su labor, por lo que no se tiene constancia de su ejecución. 169 proyectos no tienen el “cierre” correspondiente, pese a que recibieron el 100% de los recursos que alcanzan a Bs 132 millones.
