Tras una audiencia que duró casi seis horas, el Juzgado 1° de Instrucción Anticorrupción envió ayer a la cárcel de Obrajes a Elvira Parra y ordenó la detención domiciliaria a Marco Antonio Aramayo, ambos exejecutivos del Fondo Indígena y acusados de manejos económicos irregulares.
El 12 de febrero, la Contraloría General del Estado denunció que hubo un daño económico al Estado de cerca de Bs 71 millones por 153 proyectos productivos que nunca fueron ejecutados en beneficio del área rural.
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas fue creado mediante la aprobación del Decreto Supremo Nº 28571 —del 22 de diciembre de 2005— con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos rurales.
Delitos. La juez anticorrupción Cinthia Delgadillo acusó a Aramayo de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, mientras que a Parra por similares delitos, incluido el de daños lesivos al Estado.
La audiencia comenzó cerca de las 09.00 y culminó a las 15.30. La comisión de fiscales que investiga la denuncia, además de representantes de la Contraloría, el Ministerio de Transparencia, de Desarrollo Rural y Tierras, y de Justicia asistieron a la reunión. Todos solicitaron la detención preventiva de ambos. “El Ministerio de Transparencia, tratándose de un grave daño al Estado, solicita señora juez la detención preventiva de ambos imputados”, sostuvo el abogado Gabriel Santander.
Las partes acusadoras refirieron de una posible fuga, pues los acusados no presentaban domicilio fijo, ni familia, tampoco trabajo, por lo que podría existir un riesgo de fuga. El abogado de Aramayo, Héctor Castellón, y el defensor de Parra, Alejandro Nogales, negaron ello y hasta mostraron copias y facturas de la ubicación de las viviendas de ambos. También cuestionaron el informe de la Contraloría, calificándolo de administrativo y no económico.
Castellón pidió la libertad de su cliente porque dijo se lo aprehendió sin justificación legal alguna.
“La Contraloría ha actuado de forma no muy responsable porque ha sacado un informe donde hace una valoración económica sin tener fundamentación. No existe en sí una prueba concreta si es que realmente ese daño existe”, expuso Castellón.
“Mi cliente nunca obtuvo ningún centavo de los Bs 71 millones, tampoco ordenó desembolsos y hemos establecido que el informe de la Contraloría no responde a una verdad histórica de los hechos. La juez, en parte, no ha sabido valorar los documentos presentados sobre su domicilio y trabajo, solo por eso se le dio detención preventiva”, justificó Nogales.
Julio César Delgadillo, quien forma parte de la comisión de fiscales, señaló que la investigación continuará y no descartó la posibilidad de citar a las personas que correspondan. Este diario informó ayer que se analiza convocar a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, por este caso.
El fiscal, respecto a Parra, afirmó que era directora ejecutiva y que asumía decisiones de última instancia, así como el directorio, en respuesta a Nogales, quien advirtió que sobre su cliente hay un directorio de ocho organizaciones y que no es la máxima autoridad.
La exejecutiva Parra pidió que “se investigue a fondo” este caso y después calificó la medida como injusta.
Las organizaciones que conforman el directorio de la entidad estatal fueron acusadas ayer por representantes de cinco confederaciones indígenas aliadas al Movimiento Al Socialismo (MAS) por cuotear el Fondo Indígena, según un reporte de la red Erbol.
Desprestigio a Huanca
Gobierno
El canciller David Choquehuanca afirmó ayer que “hay una mano blanca detrás de una guerra sucia” contra la candidata a la Gobernación del MAS, Felipa Huanca. Ella se encargó de un proyecto en el Fondo Indígena por un monto de Bs 190.000 y se desembolsaron Bs 90.000, según reportó ANF.
