A diez días de la detención preventiva en la cárcel de Palmasola del excomandante nacional de la Policía Óscar Nina Fernández, la defensa denunció que el proceso abierto por la Fiscalía está basado en conjeturas y apreciaciones de terceras personas, por lo que la imputación no tendría sustento jurídico.
El 4 de febrero, la jueza 5° de Instrucción en lo Penal, Ximena Flores, dictó la detención preventiva en contra del exjefe de la Policía, del hijo de éste, Hugo Nina Morales, y del capitán Javier Millán por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, y enriquecimiento ilícito, que están tipificados en los artículos 26 y 27 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en vigencia. Este diario intentó entrevistar a los miembros de la comisión de fiscales a cargo del caso, pero éstos no respondieron sus teléfonos.
El abogado de la defensa, Felipe Nery Fernández, dijo que están a la expectativa de la fijación de fecha para la audiencia de apelación que presentaron a la decisión de la jueza. “Tenemos confianza en que el Tribunal de alzada pueda valorar de manera objetiva e integral las pruebas de descargo que se presentó”, manifestó.
Según el jurista, toda la investigación de la comisión de fiscales se inicia y concluye en la declaración de los imputados y familiares, y no cuenta con elementos de prueba fehaciente que puedan sustentar la acusación.
De acuerdo con la defensa, la Fiscalía dice que se incrementó de manera desproporcional el patrimonio del general Nina y que no habría podido demostrar los gastos de $us 104.000, pese a que se presentó los descargos.
