En el marco de la denuncia de desfalco de Bs 71 millones por 153 obras inconclusas en el Fondo Indígena, ayer se hizo conocer que al menos ocho dirigentes de organizaciones sociales recibieron dinero de esa entidad a través de transferencias realizadas a sus cuentas bancarias personales.
Los documentos, a los que tuvo acceso La Razón, revelan esta irregularidad en comprobantes de desembolso de recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) hacia el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y de éste a otras cuentas particulares y no así, como debe ser, al Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) que está dentro del Banco Unión.
Parte de la documentación fue presentada también por el abogado Eduardo León, junto a su defendido, el diputado y exdirigente Rafael Quispe, que inició dos procesos penales por actos de corrupción en el Fondo Indígena.
Según los documentos, la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado, es la que más recursos recibió, pues solamente en 2014 obtuvo Bs 22.383.159,30, monto desembolsado en ocho partidas. El dinero fue transferido a dos cuentas personales de Hurtado en el Banco Mercantil y el Banco Unión. No se difunde el número de cuenta por razones de privacidad que se establece en normas de la banca.
Proceso. Otro dirigente beneficiado es Damián Condori, actual candidato a gobernador de Chuquisaca y exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quien percibió Bs 600.000 para un “proyecto de fortalecimiento de gestión”, pero los recursos fueron derivados a su cuenta particular que abrió en el Banco Unión.
Los documentos además implican a Hilarión Mamani, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que, entre otras personas, recibió Bs 600.000 del BCB, monto que igual fue derivado al Banco Unión. También se encuentra Julia Ramos, exministra de Desarrollo Rural y dirigente campesina de Tarija, quien obtuvo Bs 98.000 e igual lo transfirió a su cuenta del Banco Unión.
Los documentos implican a la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, quien percibió Bs 9.130.814,5 para dos proyectos, pero el dinero habría sido transferido a una cuenta personal del Banco Sol.
Se cita a otros dirigentes como Karina Villegas, de la CSUTCB, que recibió Bs 30.000, monto que fue depositado a su nombre al Banco Unión. Además está Richard Reyes, de la CSUTCB, que obtuvo Bs 72.192 y derivó a su cuenta personal en el mismo banco estatal. La misma acción se dio con Ramiro Alanoca, que obtuvo Bs 59.172,00, depositado a la misma entidad financiera. Por último, está Fernando Choque, exdirigente campesino de La Paz, también fue implicado por percibir Bs 8.210.096,00 y luego transferirlo a esta institución financiera. Este diario intentó obtener una respuesta de Ramos, Ancieta, Hurtado y Condori, pero sin éxito, debido a que sus celulares estaban apagados.
Informe a la Fiscalía
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El diputado y exdirigente campesino Rafael Quispe anunció que enviará a la Fiscalía los documentos que sindican a dirigentes de las organizaciones sociales para que realice investigaciones.
El Senado suspende informe de Achacollo
El Senado suspendió sin fecha el informe oral que debía realizar la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, sobre las irregularidades del Fondo Indígena, ya que esa autoridad tiene que entregar obras. La petición de informe la realizaron siete asambleístas de Unidad Demócrata (UD), luego de que la pasada semana el Movimiento Al Socialismo (MAS) le brindara su voto de confianza en una sesión de interpelación.
“En virtud de las notas que hemos recibido, queda justificada la inasistencia de la ministra Nemesia Achacollo para la sesión de petición de informe oral (…) y lo que queda es suspender este informe y reprogramarlo”, informó el presidente de esta instancia legislativa, José Alberto Gonzales.
Arguyó que Achacollo demostró no poder asistir al pleno, mediante unas notas, en las que indica que la autoridad gubernamental está invitada a entregas de resoluciones de usufructos y asentamientos en Pando, el 21 de marzo, día fijado para el informe. Gonzales aseguró que en los próximos días se coordinará una fecha para el informe requerido. Miembros de UD piden que se decida lo más antes posible una fecha para que se dé el informe.
