El secretario de Bienestar y Salud de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol), Edmundo Saca, informó ayer que ese sector se declaró en emergencia por el incumplimiento del convenio suscrito en 2012 y una “suerte de persecución política” que sufren los afiliados, quienes son cambiados de destino sin respetar sus derechos.
Los policías de base protagonizaron en 2014 protestas para exigir una mejora salarial. A raíz de las movilizaciones, su principal dirigente, Javier Quispe, fue dado de baja en enero de 2015, mientras que se conformó una comisión ad hoc en esta organización.
“Nos declaramos en estado de emergencia por una suerte de persecución política, por el incumplimiento del convenio de 2012, por cambios de destino de los dirigentes de la Anssclapol, en franca violación de los derechos”, sostuvo en una conferencia de prensa.
Explicó que las autoridades superiores “de manera abusiva descabezaron a la institución” mediante procesos sumarios y arbitrarios, dando de baja a los ejecutivos de la asociación.
Complementó que se suprimieron los aportes voluntarios que daban mensualmente los policías a la Anssclapol con el objetivo, según dijo, de atentar contra los ingresos económicos de la organización y que deje de funcionar. “Están procediendo en forma abusiva, mediante la hoja de destinos, a llevarlos a lugares totalmente alejados, para que no tengan posibilidad de reunirse con las bases policías”, agregó Saca.
