El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, tramitará una solicitud de libertad condicional tras haber cumplido seis de los 12 años de su condena.
«Ya me correspondería un beneficio penitenciario de régimen. Voy a empezar el trámite y estoy preparando toda mi documentación para iniciar ese proceso», manifestó Ramírez.
El expresidente de YPFB contó que entre sus labores dentro del penal de San Pedro, está el de «procurador jurídico», que según su perspectiva, se trata de una especie de mensajero judicial dentro del penal.
«Es una nueva experiencia. Si bien estoy dentro del penal, estoy cumpliendo una labor social de cooperación a mis hermanos presos (durante las mañanas). Este trabajo me es fácil porque en mi condición de abogado, los represento. A veces les hago memoriales, por lo cual le pido a algunos abogados de afuera que me ayuden con eso», relató Ramírez a la red Gigavisión.
Ramírez manifiesta que quisiera atender más procesos penales, razón por la cual trata de organizar de la mejor manera los casos de los demás internos que buscan su ayuda y orientación.
Hay días que hago 40 o 50 trámites, y otras jornadas entre 5 o 6 tramites. El promedio está entre 15 a 20 trámites», informó la exautoridad de YPFB, a tiempo de explicar que su trabajo comienza con la recolección de la correspondencia de la gobernación del penal, que luego lleva a los juzgados y a los tribunales de sentencia.
Santos Ramírez fue implicado en 2009 en el caso Catler-Uniservice, por lo cual fue condenado a 12 años de prisión por el delito de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa.
Este caso consistió en la suscripción de un contrato para la adquisición de una Planta Separadora de Líquidos entre la petrolera estatal y Catler Uniservice, por lo cual se abrió una carta de crédito de 45 millones de dólares americanos en el Banco Unión. La justicia resolvió que hubo pago de sobornos y corrupción.
Según las investigaciones, Santos Ramírez ordenó el pago a favor de la empresa estadounidense Gulsby Process Systems de 13,2 millones de dólares y a la empresa Uniservice, 3,3 millones de dólares americanos.
