El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) está a punto de someterse a otro juicio de responsabilidades. El fiscal general, Ramiro Guerrero, presentó ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre, el requerimiento acusatorio en contra del exdignatario por el caso Fondesif.
El requerimiento acusatorio del Ministerio Público fue presentado porque se imputa a Sánchez de Lozada de cometer los delitos de daño económico y resoluciones contrarías a la Constitución según se lee en una nota de prensa de la Fiscalía General. El expresidente es sindicado de otorgar créditos en favor de empresas financieras privadas, conocido como el caso Fondesif, sin que hasta ahora se haya recuperado el dinero.
“Hoy hemos presentado un requerimiento acusatorio contra Gonzalo Sánchez de Lozada Bustamante quien, en el ejercicio de sus funciones como Presidente de la República, emitió y suscribió el Decreto Supremo N° 24110 de 1 de septiembre de 1995, con el que permite la entrega de créditos de capitalización a entidades financieras privadas”, declaró Guerrero.
Fondos. Según el jefe del Ministerio Público, a partir de este decreto se dio un crédito al Banco Boliviano Americano (BBA), dinero que hasta la fecha no ha sido posible recuperar, ya que el Fondesif recibió algunos bienes inmuebles como pago y el fondo económico recuperado es inferior al de la entrega del financiamiento.
Sánchez de Lozada fugó del país a Estados Unidos el 17 de octubre de 2003, después de presentar su renuncia a la presidencia de la República tras la denominada “guerra del gas”, acciones violentas por las que fallecieron más de 70 personas y quedaron heridas otras 400. Junto con él huyó su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
A raíz de la “guerra del gas”, el Estado inició un juicio de responsabilidades en contra de Sánchez de Lozada, para lo cual pidió a Estados Unidos la extradición. Para ello presentó una primera demanda que fue rechazada por Washington en septiembre de 2012, debido a que los delitos por los cuales se le acusaba al exgobernante eran incompatibles con la legislación estadounidense.
El 21 de septiembre de 2013, Guerrero presentó el segundo pedido de extradición de Sánchez de Lozada para que sea juzgado en Bolivia por los delitos de genocidio, homicidio, vejaciones y torturas; lesiones gravísimas, graves y leves; privación de libertad y allanamiento de domicilio. Este trámite aún está pendiente.
Guerrero, al referirse al proceso del caso Fondesif, explicó que la presentación de la solicitud de acusación fue realizada ante el TSJ, para que la sala plena, previa consideración e informe de la sala penal, pueda remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional el requerimiento y sea esta instancia la que dé curso a la investigación y el procesamiento del expresidente.
El jefe del Ministerio Público mencionó que se trata de un trabajo que se ha desarrollado a partir de la Fiscalía corporativa con los fiscales superiores porque ésa es una atribución del Fiscal General, a través de la presentación del requerimiento acusatorio correspondiente.
Una norma especial
Proceso
La Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades fue promulgada el 8 de octubre de 2010 y sirve para enjuiciar al Presidente, Vicepresidente y autoridades judiciales que hayan cometido delito en el ejercicio de sus funciones.
