El exasesor del presidente de Perú, Ollanta Humala, Martín Belaunde, en arresto domiciliario en La Paz, presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) “por persecución y faltas al debido proceso” en su país.
Belaunde Lossio cuestionó en una entrevista publicada ayer en el diario El Comercio, que la Corte Suprema de Justicia de Perú decidiera su extradición “en menos de 24 horas, y en menos de 48 horas los papeles han llegado a Bolivia, cosa inédita en la historia”.
El empresario señaló que también prepara una denuncia para presentarla ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) “por el comportamiento de los medios en el Perú”.
“Siento que hay un linchamiento mediático”, aseguró e indicó que contabilizó más de 300 portadas de los diarios peruanos en las que apareció en los últimos nueve meses. El exasesor de Humala afirmó, además, que pidió ayuda a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch.
“Lucharé en instancias internacionales. (…) Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. No voy a permitir que esta lucha que estoy librando contra el sistema le pueda pasar a otra persona. Si pierdo, será con honor”, manifestó el empresario.
Belaunde Lossio aseguró en la misma entrevista que el gobierno de Ollanta Humala “sí es corrupto, como todos los anteriores, y no se ha hecho absolutamente nada para combatir la corrupción”.
“A través de muchos alcaldes amigos, sé que se les ha pedido dinero para que sus obras estén en las listas. (…) Dicen que los ministros (anteriores) de Vivienda pedían comisiones de entre 3 y 4 por ciento para entregar la obra o dar la obra a tal o cual empresa”, aseveró el exasesor.
El Tribunal Superior de Justicia de Bolivia (TSJ) amplió la semana pasada el plazo de detención preventiva del exasesor de Humala por 60 días mientras el Gobierno peruano tramita dos cuadernos de extradición por los delitos de peculado (apropiación indebida de fondos públicos), asociación ilícita y lavado de activos.
Belaunde está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales.
