La Fiscalía General anunció la destitución de cuatro fiscales de La Paz tras haber verificado denuncias de irregularidades y retardación de justicia. Entre los sancionados está Ruddy Terrazas, por la detención del periodista Carlos Quisbert, que investigaba el caso del bebé Alexander.
La medida fue determinada dos días después de que el fiscal general, Ramiro Guerrero, interviniera junto a su equipo de directores las unidades Económica Financiera, Anticorrupción y Plataforma de la Fiscalía Departamental de La Paz, por diversas denuncias de irregularidades. El objetivo es controlar y mejorar la atención al público litigante en el departamento.
“Vamos a destituir a al menos cuatro fiscales (hasta) el viernes”, anunció ayer Guerrero en un desayuno trabajo que sostuvo con periodistas de diferentes medios de comunicación, en el que manifestó su molestia por el trabajo de algunos fiscales de La Paz que no cumplen con su labor.
“Hemos intervenido ciertas áreas complicadas. Hasta el miércoles (ayer) hemos atendido a 145 personas, muchos de esos casos son denuncias por falta del debido diligenciamiento, providencias y retardación. De éstos (casos) se solucionaron 20 denuncias en el momento. Pero producto de estas denuncias, 14 casos se remitieron a régimen disciplinario para procesar a los fiscales”, dijo Guerrero. En este grupo están los cuatro que serán destituidos.
Entre los fiscales destituidos está Ruddy Terrazas, quien dispuso la aprehensión del periodista Carlos Quisbert en el penal de San Pedro por investigar el caso del bebé Alexander. Según Guerrero, se cometieron actos que vulneraron el debido proceso.
Además, el Fiscal General ratificó la destitución de Humberto Quispe, quien tiene al menos 31 procesos entre disciplinarios y penales, y no asistió a las audiencias a las que fue citado.
En ese marco, afirmó que se evalúa el trabajo de la fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, ya que existen procesos que no avanzan en esta instancia, lo que ocasiona quejas en la ciudadanía. Pero también dijo que hay problemas menudos que se pueden resolver rápidamente y eso saben los representantes del Ministerio Público. “No podemos venir todo el tiempo para hacer el trabajo que le corresponde al fiscal departamental o hacer lo que les corresponde a los fiscales de Materia. Entonces eso amerita ya decisiones duras y drásticas, por eso hemos tomado la decisión de hacer una intervención”, explicó. En la aplicación del trabajo de la intervención, la Fiscalía General también intervino ayer las unidades de Víctimas de El Alto y de la zona Sur.
Guerrero anunció que entre hoy y mañana se intervendrán las unidades de Propiedades y Económica Financiera en El Alto y la zona Sur, porque son áreas sensibles y vulnerables para cometer hechos ilícitos. La autoridad arguyó que en algunos casos la Fiscalía se volvió en una “agencia de cobranzas” debido a los casos por deudas económicas.
Modelo de la Fiscalía
La Fiscalía General implementará el Programa del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal y Fiscalía Corporativa y hasta julio llegará al eje troncal. El fiscal no será dueño del caso.
La Fiscalía propone modificar la Ley 660
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó ayer que en los próximos días presentará un proyecto para modificar la Ley 660 del Ministerio Público, para así poder procesar y destituir a los malos fiscales del país. El anuncio se dio en el marco de la implementación del Programa del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal y Fiscalía Corporativa que pronto entrará en vigencia.
“En los próximos días vamos a presentar una propuesta, un proyecto de ley a la modificación de la Ley 660, para avanzar y dejar de lado esa antigua carrera e implementar la nueva carrera fiscal, porque con eso no podemos avanzar en los cambios en la Fiscalía. Hay muchos fiscales con la antigua carrera y se creen intocables”, reclamó Guerrero.
Explicó que en el proyecto se modificará una de las disposiciones transitorias de la Ley 660, en la que se determina la vigencia de la carrera fiscal, lo que no permite destituir a muchos fiscales, cuando se demuestran denuncias en su contra por excesos y otros actos irregulares e ilegales.
