La Justicia ratificó ayer la decisión que asumió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la semana pasada, de cancelar la personalidad jurídica de la alianza Unidad Demócrata (UD) por la difusión de una encuesta electoral autofinanciada y prohibida por la Ley 026.
El bloque opositor interpuso dos recursos legales para dejar sin efecto la decisión de la máxima entidad electoral del país. La primera ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la que planteó la inconstitucionalidad del artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral o Ley 026, que se refiere a las sanciones sobre faltas y delitos relacionados con la difusión de estudios de opinión en materia electoral.
En Sucre, fuentes judiciales indicaron a La Razón que el TCP rechazó la demanda de UD. Esta información la confirmó el excandidato de UD a la Gobernación del Beni, Ernesto Suárez. “El Tribunal Constitucional rechazó el recurso. No llegó a tratar el fondo del problema”, lamentó.
Amparo. El lunes, expostulantes de la alianza opositora interpusieron un recurso de amparo constitucional en contra del fallo del TSE, que además dejó fuera de la contienda electoral a 228 aspirantes del bloque opositor.
El lunes, un juez de Santa Ana de Yacuma admitió ese recurso y fijó para hoy, a las 10.00, la audiencia resolutiva. No obstante, ayer, mientras UD y su socia Nacionalidades Autónomas por el Cambio y Empoderamiento Revolucionario (NACER) cerraban su campaña electoral en Trinidad, la misma autoridad judicial emitió una segunda resolución que rechaza, por incompetencia, la admisión del amparo presentado en esa localidad.
Anoche, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó en una conferencia de prensa que el juez de partido mixto, constituido en juez de garantías constitucionales, Juan Carlos Rodríguez Cuéllar, de Santa Ana de Yacuma, ratificó la cancelación de UD en Beni.
“Nosotros reproducimos esta información legal e informamos a la población, sobre todo a la población del Beni, para que se conozca esta decisión jurídica precautelando que nadie sea sorprendido ni engañado con otro tipo de información falsa”, señaló el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez.
Suárez fue notificado aproximadamente a las 17.00, mientras participaba de una caravana de vehículos y motocicletas que recorrió las principales calles de la urbe trinitaria, y que protagonizó junto a sus correligionarios. UD, en busca de retornar a las elecciones, rubricó un pacto con NACER, y postuló a Carlos Dellien con la sigla de esta última. Dellien reemplaza a Juan Willy Mae, que renunció a su postulación el lunes por problemas de salud.
“Para que vean cómo actúa el Gobierno, tenemos entendido que fue gente del Ministerio de Gobierno con el Ministerio Público que han presionado para que se rechace esta solicitud”, dijo Suárez. La vocal del TSE Dina Chuquimia recalcó que el fallo es “inapelable” porque es de última instancia.
El gobierno de Evo Morales exhortó a UD a ceñirse a las normativas constitucionales y remarcó que la inhabilitación del frente opositor de las justas electorales es producto de una “pugna por el poder” al interior del bloque. Los directivos de UD se reunieron anoche para perfilar futuras medidas legales que adoptarán.
Dudan de la demanda ante la CIDH
ABI
El expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) y ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solo se pronuncia en casos en los que está en riesgo la vida, por lo que anticipó que la demanda del excandidato por Unidad Demócrata (UD), Ernesto Suárez, “podría no prosperar”.
“Necesariamente deben cumplirse algunos requisitos como el agotamiento previo de las instancias nacionales (…). La persona que siente que su libertad, su vida puede estar en riesgo inminente, puede pedir a la CIDH que haga que el Estado del país donde vive adopte ciertas medidas urgentes”, dijo en entrevista con la televisora red Uno.
La semana pasada, Suárez presentó un recurso ante ese organismo internacional para solicitar “medidas cautelares”, por la pérdida de la personería jurídica de la alianza a la que representa y la inhabilitación de 228 candidaturas en el departamento del Beni para las elecciones subnacionales, que se realizarán el domingo.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó quitar la personería jurídica a UD, después de que el jefe de campaña de esa organización política, Carmelo Lens, presentara resultados de una encuesta realizada por ellos mismos, vulnerando la Ley de Régimen Electoral, que prohíbe ese tipo de información. El vocal del TSE Ramiro Paredes dijo que la institución electoral asumirá defensa ante la CIDH, en caso de que el recurso que presentó Suárez sea admitido.
