La Cancillería del Estado difundió este lunes por la noche un comunicado de prensa en el que consideró que el fallo emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz se tramitó de forma inusual e ilegal la Acción de Amparo Constitucional promovida por el ciudadano peruano Martín Antonio Belaunde Lossio.
«La Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) del Estado Plurinacional de Bolivia lamenta referirse al funesto fallo judicial dictado el pasado viernes 27 de marzo por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo de Ramiro López Guzmán y Ricardo Chumacero Tórrez, dentro de la Acción de Amparo Constitucional promovida por el ciudadano peruano Martín Antonio Belaunde Lossio», dice en su primera parte el comunicado.
Según la Cancillería, la acción constitucional se tramitó de forma inusual e ilegal y fue suspendida en tres ocasiones consecutivas lo que violó los «principios de inmediatez, prohibición de suspensión y seguridad jurídica, se fraguó un supuesto error de notificación para garantizar la presencia del abogado apoderado (Jorge) Valda en la audiencia y, como corolario, en una supuesta deliberación de menos de una hora, a pesar de la complejidad del asunto y la voluminosa prueba ofrecida por las partes».
«La oscura Sala Penal Primera declaró procedente el Amparo con una pobre y forzada fundamentación y sin valorar toda la información, documentación y jurisprudencia vinculante presentada por las autoridades accionadas, como la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0724 de 10 de abril de 2014, dictada en un caso análogo, el año 2014, en ocasión de un amparo interpuesto por otro ciudadano peruano contra los miembros de la CONARE y reclamando los mismos actos u omisiones e iguales derechos supuestamente vulnerados».
La Cancillería recordó que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de su Sala Civil y Comercial Segunda denegó la tutela y el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó tal decisión, «sentando una línea jurisprudencial obligatoria que la Sala Penal Primera omitió deliberadamente aplicar y respetar en este caso. Constituyéndose así de forma ilegal y en franca usurpación de funciones en un Tribunal de tercera instancia, revisor en el fondo, de dos fallos dictados por la única instancia competente para determinar de forma independiente y soberana la condición de refugiado de cualquier persona extranjera (la CONARE)».
«No solo se afectó sensiblemente la institucionalidad, solvencia y prestigio de la CONARE BOLIVIA, obtenida después de más de 30 años de arduo trabajo y coordinación constante con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), además se desacreditó y desnaturalizó su genuino rol, alterando intencionalmente su ámbito legítimo de atribuciones», señala la Cancillería.
Belaunde Lossio, quien fue asesor del presidente Ollanta Humala en la campaña electoral de 2006 y permanece bajo arresto domiciliario en La Paz, está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.
El empresario solicitó refugio en Bolivia, pero la Conare rechazó dos veces esta petición con el argumento de que no probó ser un perseguido político. Hace tres días la Primera Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia La Paz fallo a favor de un amparo presentado por la defensa de Belaunde que revocó la determinación de la Conare.
