El Ministerio Público anotó preventivamente los bienes de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Tuto Quiroga, acción enmarcada en el juicio de responsabilidades del denominado caso «Petrocontratos», informó la magistrada de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maritza Suntura.
Se tratan de un total de nueve bienes anotados preventivamente en derechos reales que pertenecen a Sánchez de Lozada y que se encuentran en diferentes departamentos del país. Asimismo se anotó preventivamente un vehículo perteneciente a Jorge Quiroga y también los bienes de los exministros Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López.
«Estos bienes que en su totalidad suman alrededor de más de nueve, si no me equivoco, de Gonzalo Sánchez de Lozada; uno que es del señor Jorge Quiroga y tres o cuatro que corresponderían al señor Carlos Alberto López Quiroga», informó la magistrada, de acuerdo con un reporte de la radio estatal.
La anotación de bienes tiene la finalidad de garantizar los posibles perjuicios que hubieran ocasionado los imputados con la firma de contratos petroleros. «Con estos bienes se va a garantizar los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado en contra del Estado», señaló Suntura. El 4 de octubre de 2013, la Fiscalía General del Estado presentó ante el TSJ una imputación formal en contra de Quiroga y Sánchez de Lozada y de los exministros Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López, por la supuesta firma irregular de 107 contratos para exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional durante los años 1997 y 2004.
Las exautoridades son acusadas por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en la firma de estos contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas en el territorio boliviano, que fueron suscritos antes de ser avalados por el Legislativo. Esta situación, según el tenor de la acusación presentada por el Ministerio Público, habría favorecido los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado boliviano.
A fines del año pasado, Sánchez de Lozada, Berindoagüe y Contreras fueron notificados en Estados Unidos para que asuman defensa dentro de este caso.
