Bolivia registró importantes avances en los derechos económicos, sociales y culturales en la gestión 2014, pero la administración de la Justicia es su punto vulnerable, según un informe del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, entregado este miércoles en La Paz.
«Se apreciaron nuevos avances, específicamente en la lucha contra la pobreza, la inseguridad alimentaria, la malnutrición» y los derechos a la educación, la salud y el agua, enunció el alto comisionado para Bolivia, Denis Racicot, en conferencia de prensa.
Sin embargo, «los problemas estructurales y de larga duración de la Justicia (..) no se han corregido (y) continúan siendo el reto para Bolivia, a pesar de que la reforma a la justicia empezó hace más de cinco años», objetó.
El presidente boliviano Evo Morales había calificado recién a la justicia de su país de lenta y corrupta, pese a haber impulsado una inédita elección popular en 2011, cuando se eligió a 28 autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental.
Un informe anterior de la ONU había apuntado también que la justicia boliviana «se caracteriza por problemas estructurales, tales como la retardación y la insuficiente cobertura de servicios judiciales en el país».
Ante ese cuadro, Racicot insistió en la necesidad de «desarrollar un plan amplio de reforma de la justicia y la implementación gradual de la carrera judicial» adoptada en 2014.
El informe describió también «de forma particular, la suspensión de funciones de dos magistradas y un magistrado del Tribunal Constitucional» luego de que frenaran una ley de notariado público, decisión que, según el gobierno, iba en desmedro del país.
También expresó «preocupación (…) por los altos índices de personas privadas de libertad sin condena y el rezago de la justicia».
Una investigación de la Defensoría del Pueblo reveló recién que el 84% de los presos (cerca de 13.800) en las cárceles carece de sentencia.
