El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se abre al proceso de reforma de la norma plebiscitaria, una vez que finalice el periodo subnacional, el 25 de mayo. Organismos internacionales, partidos políticos y actores sociales demandan esta modificación. El Legislativo espera una propuesta.
Esta iniciativa no fue considerada por el TSE, pero surgió tras las críticas que recibió esta entidad por la cancelación de la personalidad jurídica de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) en el Beni. Por efecto de la sanción, el 20 de marzo y a nueve días de los comicios, 228 candidatos quedaron fuera de las justas. Así se cambió el curso del proceso.
En esa región tropical, los benianos sufragaron para elegir a su gobernador con una boleta que tenía el 50% de veracidad, puesto que solo dos fotografías de cuatro correspondían a postulantes en carrera; uno había sido inhabilitado y otro sustituido.
“La realidad es el mejor escenario para ver la aplicabilidad de la norma; si contradice la realidad, siempre hay espacios para proponer situaciones que vayan, fundamentalmente, a reformar la Ley 026 de Régimen Electoral para que tenga una coincidencia con la realidad”, dijo a La Razón el vocal Ramiro Paredes y añadió que “está abierta la posibilidad de modificar la norma” porque “todo es perfectible”.
Crítica. Ernesto Suárez, el líder y candidato a la Gobernación del Beni por el pacto opositor UD, fue el más “afectado” por esta decisión. “Quisieron matarnos políticamente de manera cobarde e injusta. Todos los poderes del Estado cerraron filas con el Gobierno para lograrlo”, indicó.
Paredes explicó que una iniciativa como ésa solo se puede discutir una vez concluido el proceso eleccionario en curso. Esto se producirá el 25 de mayo, tras la entrega de credenciales a las nuevas autoridades y la comunicación oficial de los resultados del proceso electoral al Legislativo.
Un día después de las justas, las misiones de observadores internacionales apuntaron sus críticas a ese flanco. Álvaro Colom, jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), desveló que días antes los observadores temían problemas serios en el Beni por las amenazas que surgieron en esa región de desconocer la legitimidad del sufragio por considerarlo atentatorio a la democracia. Opositores habían solicitado la suspensión de los comicios, pero el TSE negó esa posibilidad.
“La misión considera importante que se promueva un debate político y legislativo, a fin de salvaguardar las prerrogativas cívicas establecidas en los tratados internacionales y la Constitución”, reseñó una nota de la OEA.
Consenso. A esta solicitud se sumó la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore). El representante de esta entidad, el exvocal de la extinta Corte Nacional Electoral Salvador Romero, consideró que la reforma electoral debe “hacerse de manera consensuada entre los principales actores políticos”.
En este proceso debe participar el Órgano Electoral y, de ser posible, encontrar un “amplio” consenso ciudadano.
Los resultados de esta discusión definirían cuáles son los cambios más pertinentes, apuntó Romero.
En criterio de Rolando Villena, Defensor del Pueblo, las leyes electorales se construyeron en un escenario de polarización y críticas, incluso de los medios de comunicación, debido a que no alcanzaron el nivel de debate suficiente y, por lo tanto, en algunos casos, fueron construidas de manera superficial. En esa línea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, se adhirió a las observaciones. “A la luz de la experiencia en esta contienda, han develado sus límites y es necesario clarificar las interpretaciones”, demandó.
En ese marco, el Legislativo espera una propuesta que surja del TSE. El primer vicepresidente de Diputados, Víctor Borda, lo confirmó; aunque José Alberto Gonzales, presidente del Senado, cree que el debate debe posponerse hasta después de época electoral.
La encuesta de UD y sus efectos en las justas
A principios de marzo, el Gobernador del Beni y Jefe de Campaña de Unidad Demócrata (UD) informó en una conferencia de prensa encuestas que encargó su frente. La alianza y tres medios de comunicación fueron sancionados por cometer una falta electoral. Los articulados 135 y 136 de la Ley 026, que establecen las prohibiciones y sanciones sobre la difusión de estudios de opinión en materia electoral, fueron el asidero para dejar fuera de los comicios a UD, Ernesto Suárez y 227 aspirantes en el Beni.
Las inhabilitaciones y renuncias de candidatos causaron desinformación
Papeletas con fotos de postulantes que dimitieron y votos a favor, son el resultado
“Debe suspenderse las elecciones, vamos a quemar las ánforas”, fue la sentencia de un cabildo en la Alcaldía de Baures (Beni), tras la cancelación de la personalidad jurídica de Unidad Demócrata (UD) a nueve días de los comicios subnacionales. Como éste hubo otros tres casos que llamaron la atención.
Reacciones como ésta surgieron en distintas regiones del país porque, como en ningún otro proceso electoral, las papeletas de sufragio no representaban a los postulantes habilitados legalmente en la carrera electoral. Renuncias e inhabilitaciones generaron desinformación en la ciudadanía.
Aunque el Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni aseguró que la información llegó a las regiones más recónditas del departamento, se evidenció que en la misma capital beniana, Trinidad, los ciudadanos demandaron mayor información para el día de las elecciones.
Carteles. Se registraron altercados entre el presidente del TED, Carlos Ortiz, y el líder de la inhabilitada UD, Ernesto Suárez, que obligó a instalar carteles para explicar que la alianza no participaba en los comicios a pesar de que figuraba en la papeleta.
Así, en las comunas benianas de Loreto, Baures y Huacaraje solo el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) participó como único frente.
Otro caso se suscitó en Oruro, cuando un Tribunal de Garantías dejó sin efecto la resolución del TED que inhabilitaba al candidato a la Alcaldía de Belén de Andamarca José Luis Pozo Jiménez. Este fallo se conoció el viernes, a solo dos días del sufragio.
En La Paz, a diez días de las elecciones subnacionales, la candidata por el Frente Para la Victoria (FPV) a la Alcaldía de La Paz, Biafra Saavedra, anunció su renuncia a la postulación. Aunque se alejó del proceso, su candidatura recibió el respaldo del electorado al igual que Adrián Valeriano, quien renunció a su postulación a la Gobernación de Chuquisaca por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) cinco días antes de los comicios.
El vocal Ramiro Paredes remarcó que la entidad “solo cumplió la ley”, aunque abrió la posibilidad de modificar la normativa electoral después del 25 de mayo, fecha en la que concluirá el proceso electoral subnacional.
El mismo vicepresidente Álvaro García abrió la posibilidad de hacer cambios a la Ley 026 de Régimen Electoral para que las autoridades del Órgano Ejecutivo puedan realizar campaña en horarios de trabajo, situación que está prohibida por la norma.
Cónclave electoral
Una vez concluido el proceso subnacional, el TSE y las reparticiones departamentales evaluarán los comicios. Ahí se podría definir la reforma.
