El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, anunció hoy que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) está abierto a modificar la Ley Electoral, aunque dijo que en este momento esa no es una prioridad. Invitó a quienes tengan propuestas a presentarlas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El anuncio lo hizo a dos semanas de la elección subnacional, en la que se observaron articulados de la normativa por su presunta violación de la Constitución Política del Estado (CPE).
“Siempre la Asamblea está abierta, este año o el subsiguiente. No es una prioridad, pero por supuesto que siempre vamos a estar atentos a correcciones que puedan mejorar los procedimientos electorales. Es mejor tratar esos temas antes y no quejarse luego en las elecciones, en pleno proceso electoral”, declaró esta mañana durante una conferencia de prensa.
La autoridad consideró, no obstante, que los problemas que se han presentado durante el proceso electoral subnacional no son atribuibles a la ley, sino a la interpretación que algunos actores electorales realizan para evitar su derrota en los comicios.
“Los principales problemas que están habiendo ahora no son tanto por la ley, son porque hay gente que no quiere acatar la ley o quiere interpretarla a su antojo”, apuntó y ratificó que, una vez que concluya el proceso electoral subnacional se podrá ver “qué tipo de deficiencias técnicas han habido que pudieran ser corregidas”.
Para ello lanzó una invitación. “Si algún partido político tiene la intención de hacer correcciones a la Ley Electoral que haga las sugerencias, serán leídas y absorbidas”, dijo, aunque advirtió que “si son simplemente caprichos partidarios, por supuesto que no vamos a tomar en cuenta”.
Poco después de las elecciones del 29 de marzo organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de partidos políticos y actores sociales demandaron hacer cambios en la ley tras las críticas que recibió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la cancelación de la personalidad jurídica de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) en el Beni.
