La Defensoría del Pueblo cuestionó la decisión de la Fiscalía de excluir al exministro de Gobierno Sacha Llorenti, al excomandante de la Policía, Óscar Nina, y al exviceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico de los hechos de violencia ocurridos en Caranavi en 2010 y que dejaron dos víctimas fatales. Denunció que con la acción se busca “proteger a los poderosos”.
“Esta determinación, que hace escarnio una vez más el mandato y el principio de justicia, muestra además que estamos frente a un sistema que sólo busca proteger a los poderosos y encubrir todas las acciones de abuso y violencia que estos pudieron cometer, promoviendo al mismo tiempo la posibilidad que los asesinatos de David y Mario queden en la más cruel y absoluta impunidad”, refiere parte del pronunciamiento defensorial.
Entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2010, en el municipio de Caranavi, debido al incumplimiento de acuerdos entre el Gobierno y pobladores del lugar, se desataron bloqueos de caminos y enfrentamientos que derivaron en la muerte de David Calisaya Mamani y de Fidel Mario Hernany Jiménez por impactos de proyectil.
Claudia Lecoña, abogada de los familiares de las víctimas, informó el lunes de la decisión tomada por el fiscal del caso Leopoldo Ramos, quien determinó el en enero el sobreseimiento a favor de las tres exautoridades de Gobierno.
Pasaron cinco años de aquellos hechos y, según la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público “no reporta ningún avance importante, aparentemente más por resguardar intereses desconocidos que por incapacidad o falta de medios”.
“Es probable que la intención de los fiscales que atienden este caso, sea que se extinga en medio del olvido, la injusticia y el cansancio de los familiares de los muertos que, como tantos otros, se han perdido de la memoria y los discursos de justicia e igualdad que nuevamente se les niega a las víctimas que siempre resultan siendo los más pobres y vulnerables”, cuestiona la institución encargada de la protección de los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo exigió a la Fiscal General del Estado que “intervenga de inmediato y propicie una revisión de esta determinación para que se reencause el proceso en aras de asegurar que este hecho tan luctuoso y criminal no quede en el olvido y la impunidad”.
