Las autoridades elegidas en los comicios subnacionales deben asumir sus cargos el 29 de mayo de forma oficial. Entretanto, en el departamento de La Paz el proceso de transición entre funcionarios salientes y entrantes tropieza con la falta de acuerdos y problemas económicos. Las alcaldías de la sede de gobierno, de El Alto y la Gobernación paceña deben regularizar informes y procesos administrativos para que los nuevos ejecutivos asuman sus cargos. Este procedimiento se torna conflictivo a medida que finaliza el mandato de las administraciones transitorias.
“Hemos pedido información clara, que pare la contratación de personal y los intentos de reformar el presupuesto, pero no han cumplido, entonces la transición está paralizada hasta que la administración de Omar Rocha cumpla esos compromisos”, explicó Álvaro Blondel, exoficial mayor de la Alcaldía de La Paz y miembro de la comisión de transición que conformó Luis Revilla, quien fue reelecto con el 58,09%.
Cargo. La Alcaldía está controlada por Rocha desde 2014, luego de que recibió el apoyo de concejales del MAS para ocupar el cargo. Blondel criticó este periodo en el cual hubo despidos injustificados y el incremento desproporcionado de los salarios. Además, las actuales autoridades ediles no presentaron una auditoría al Ministerio de Economía y se congelaron las cuentas municipales, afectando el pago de sueldos y la gestión.
Al inicio de su mandato, Rocha anunció un periodo transparente y manifestó su voluntad para que haya un “traspaso ordenado”. A inicios de este mes envió un nota a Revilla para formar una comisión de transición; empero, el proceso aún no comenzó. Blondel afirmó que la actual administración de Rocha debe hacer las gestiones para que “las cuentas sean descongeladas” antes de junio.
En similar situación está la Alcaldía de El Alto. Aunque sus cuentas todavía están disponibles, el consenso entre autoridades salientes y entrantes no ha madurado y la transición sigue congelada. “Seguimos a la espera de la comisión de transición en la que esperamos una fluidez de información para validar nuestra planificación”, explicó Soledad Chapetón. La alcaldesa electa de Unidad Nacional (UN) ganó los comicios del 29 de marzo con el 54,49% y así le arrebató la silla a Édgar Patana (MAS), quien buscaba la reelección.
Desde hace una semana, la nueva autoridad espera la respuesta del alcalde transitorio Zacarías Maquera (MAS) para iniciar el proceso. El edil alteño señaló en pasados días que pronto responderá a Chapetón, pero no oficializó una fecha. “Hay que terminar obras inconclusas (…), pero para eso necesitamos tener la información oficial para planificar el trabajo”, señaló la electa.
La etapa de transición es un factor de riesgo para la corrupción, advirtió hace un mes la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, debido a que las autoridades salientes no dejan la documentación ordenada a la nueva administración, sobre todo en gobiernos municipales. La autoridad propició talleres para mejorar la calidad de este proceso de transición en el país.
Por su lado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya instruyó a las entidades departamentales que hasta el 4 de mayo se entreguen las credenciales a las autoridades electas para que el 29 asuman sus cargos. En ese marco, Félix Patzi (Sol.bo), quien ganó la Gobernación paceña con el 50,09% de los votos, dijo que esperará su acreditación para iniciar las conversaciones sobre el traspaso de mando con el saliente César Cocarico, quien anticipó una situación de “insolvencia”, tras el desembolso de Bs 19 millones para financiar el referendo del Estatuto Autonómico.
Resultados y cuentas congeladas
Comicios
En los comicios del 29 de marzo se eligió alcaldes para 339 municipios y siete gobernadores. Las dos autoridades departamentales restantes recién serán designadas el 3 de mayo, cuando se realice la segunda vuelta electoral en Tarija y Beni.
Cuentas
No obstante, el Ministerio de Economía determinó el pasado lunes que se congelen las cuentas fiscales de las gobernaciones de Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Beni y Pando, además de 238 municipios del país, porque no presentaron sus estados financieros en el plazo que establece la normativa vigente.
