El equipo de juristas de Bolivia, que defenderá la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima, basará sus argumentos en el predominio del diálogo, el respeto a los fallos de ese tribunal y la validez del Tratado de 1904. Estos tres argumentos fueron esgrimidos ayer por el portavoz de la demanda, el expresidente Carlos Mesa, tras la reunión que sostuvo con el presidente Evo Morales y los miembros del equipo asesor que viajará a La Haya, la sede de la CIJ.
Mesa explicó que la lógica será dejar en claro, en primer lugar, que el juicio planteado en 2013 contra Chile “no es una acción inamistosa”, sino que busca que prevalezca el diálogo; además —añadió— se hará una exhortación a que ambos países sean capaces de aceptar el fallo que emita el tribunal y así “cumplirlos sin ningún temor”.
Proceso. “En tercer lugar, plantear algo que es fundamental, no nos parece que haya un escenario político en el momento en el que la Corte comience a escuchar los alegatos (…) se trata de una consideración de carácter jurídico y que la demanda de Bolivia no tiene absolutamente nada que ver, ni directa ni indirectamente, con el Tratado de 1904”, expuso Mesa. Tras la presentación de la demanda marítima, el 15 de abril de 2014, Bolivia entregó a la CIJ la Memoria que sustenta el proceso.
Empero, tres meses después, Chile objetó la competencia de la CIJ y el juicio quedó paralizado momentáneamente hasta que el tribunal resuelva ese recurso, para luego, en función a los resultados, reanudar o no el proceso. Santiago afirma que Bolivia encubre con la demanda una revisión del Tratado de 1904, una acusación con la que planea abrir sus alegatos el lunes 4 de mayo, según lo adelantado por el canciller Heraldo Muñoz.
Aún así, Mesa manifestó su confianza sobre la competencia de la CIJ para conocer la demanda debido a los antecedentes históricos que existen en este tipo de controversias. En Filipinas, en 1982, la comunidad internacional estableció que cuando un país presenta una demanda ante la Corte Internacional, el país demandado no puede y no debe considerar como un acto inamistoso la demanda, porque se busca a ese tribunal para resolver pacíficamente la controversia”, remarcó el portavoz.
Demanda. Entre lunes y viernes de la próxima semana, los jueces de la CIJ oirán los alegatos de ambos países y en un plazo aproximado de seis meses darán su veredicto, según expresó el excanciller Armando Loaiza, quien fue nombrado recientemente embajador de Bolivia ante el Vaticano.
“La presentación de los alegatos orales va a ser —quizá exagero— una batalla jurídica. Como Chile es un país con bastante experiencia en gestión en tribunales internacionales, va a plantear una cerrada posición para que la CIJ se declare incompetente y seguro se generará un debate muy duro”, declaró la autoridad diplomática.
Loaiza y el canciller David Choquehuanca y los excancilleres Javier Murillo de la Rocha y Gustavo Fernández se reunieron ayer con el Presidente. En el encuentro participó el equipo asesor que acompañará a los abogados, que abrirán la defensa de la CIJ a las 04.00 (hora boliviana) del miércoles 6 de mayo en La Haya.
La agenda de lectura de los alegatos
Cronograma
El agente de Chile delegado ante al CIJ, Felipe Bulnes, abrirá la fase de alegatos orales el lunes 4 de mayo y el miércoles responderá su similar boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé. El jueves 7 y viernes 8 será la réplica. Una comisión boliviana acompañará al equipo jurídico en las audiencias.
Suxo llevará la demanda a Ginebra
La exministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Nardi Suxo juró ayer como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, y anunció que una de sus tareas será informar sobre los alcances, el contenido y los objetivos de la demanda marítima contra Chile que Bolivia interpuso en la CIJ. Expresó que siempre que se abra un espacio de participación en los eventos de la comunidad internacional aprovechará para hablar sobre el tema.
“Tenemos la obligación de mantener muy firme todo lo que significa nuestra demanda de reivindicación marítima (…). Son varias instancias de las Naciones Unidas que están en Ginebra y será allí donde se hará conocer este derecho que tenemos los bolivianos al cual no vamos a renunciar”, sostuvo. Suxo señaló que en su nuevo cargo tendrá también otras tareas, y aclaró que Carlos Mesa es el portavoz oficial de la demanda, por lo que no se atribuirá labores que no le competen.
Fue el canciller David Choquehuanca quien tomó el juramento de la nueva autoridad, a quien se le encargó también realizar el seguimiento a la Oficina de las Naciones Unidas para el Derecho de Refugiados, al Comité Internacional de la Cruz Roja, y hacer gestiones en el tema de paz y desarme, en virtud a la convención que prohíbe las minas antipersonales.
También hará seguimiento a los derechos laborales desde la Organización Mundial del Trabajo y al Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social e Industrial de ese organismo internacional, entre otras tareas.
Evo despidió a la misión que viajó a La Haya
Baldwin Montero
El presidente Evo Morales despidió ayer a la comisión que la próxima semana asistirá a La Haya, sede de la CIJ, con un mensaje de confianza en que ese tribunal hará justicia para Bolivia en el caso de su demanda de un diálogo sobre los compromisos chilenos de otorgar al país una salida soberana al mar.
“Felizmente nos acompaña la comunidad internacional y nos acompañan algunos hermanos y hermanas de Chile. Ése es un aliento para nuestra delegación y para que con Bolivia se haga justicia”, declaró el Jefe del Estado.
La misión boliviana está integrada por el canciller David Choquehuanca; el vocero de la demanda, Carlos Mesa; los excancilleres Armando Loaiza, Javier Murillo y Gustavo Fernández; a ellos se sumarán los embajadores ante la OEA, la ONU y Unasur: Diego Pari, Sacha Llorenti y Rubén Saavedra, respectivamente. También se unirán el presidente del Senado, José Alberto Gonzales; los titulares de la Comisión de Política Internacional de las cámaras de Diputados y Senadores: Julio Guaraya y Patricia Gómez, además de la representante supraestatal Edith Mendoza.
