El segundo turno de Chile en el litigio que enfrenta con Bolivia estuvo dominado subconscientemente por la inquietud de la súbita crisis de gabinete anunciada en la madrugada. Se observó que, esta vez, el destino chileno se confió plenamente a los abogados extranjeros que comenzaron con la palabra ponderada del inglés.
Samuel Wordsworth, cuya blanca peluca acompañaba el compás de su flemática oratoria en ligero contrapunto, cumplió el encargo de sus auspiciadores, tratando —con desgano— de martillar la idea que los documentos aludidos por Bolivia como “obligaciones paralelas” al Tratado de 1904, no eran tales puesto que no consignaban de manera expresa la negociación de un acceso soberano al Pacífico. Recorrió una a una las pruebas presentadas por Bolivia, remarcando que las conversaciones no resueltas no pueden sustituir “la santidad de los tratados”. Llegó a decir que Bolivia estaría “tirando argumentos como anzuelos al aire”, esperando que la Corte agarre alguno de ellos.
Le siguió en el atril su paisano Daniel Bethlehem, quien oficiosamente se prestó a responder la pregunta lanzada a Bolivia, por el también británico juez Christopher Greenwood acerca de “en qué fecha Bolivia mantiene que fue concluido un acuerdo para negociar un acceso soberano”. Sus precisas respuestas hacen presumir que ya las tenía preparadas antes que la interrogante fuese formulada. Sostuvo que ninguna de ellas podría considerarse como un pactum de contrhaendo. Además, restó valor a las numerosas resoluciones de la OEA, juzgando que éstas no tenían fuerza vinculante en las relaciones bilaterales.
El veterano profesor francés Pierre-Marie Dupuy recuperó sus bríos, notoriamente apagados en su primera presentación, para volver a referirse a la pregunta de marras, al afirmar que se ignora cuándo y dónde se concluyó la negociación para el acceso soberano. Tampoco se sabe —dijo— el decurso hacia la “fase de cristalización” de la misma. Fustigó, no sin sorna, el intento de Bolivia de desdoblamiento del Tratado de 1904, en “obligaciones paralelas”. Criticó la reserva boliviana al artículo 6° del Pacto de Bogotá y el levantamiento de su reserva tan solo dos semanas antes de presentar la demanda ante la CIJ.
Sorpresivamente, una figura asiática con manifiesto sobrepeso ocupó la tribuna: era el profesor coreano-americano Harold Koh, exconsejero jurídico del presidente estadounidense, Barack Obama. Su misión específica fue alarmar a la CIJ sobre las posibles funestas consecuencias que tendría un fallo que declare su competencia para juzgar este caso. Opinó por ubicar este tipo de diferendos en el ámbito diplomático y no apelar a comparecencia ante la Corte de las partes en conflicto. Advirtió que si la CIJ ignora el artículo 6°, Bolivia, que tuvo enfrentamientos con sus cuatro vecinos, se sentiría estimulada de revisar sus límites. Paralelamente —dijo— otros países podrían acudir a la CIJ con iguales propósitos, desestabilizando una arquitectura legal laboriosamente lograda en la región.
FINAL. Al terminar la agitada jornada, conversé amigablemente con este afamado jurista y le manifesté que dada su nacionalidad americana, uno tenía curiosidad por conocer cuál era su motivación para lanzar semejante amenaza. Su reacción fue lacónica: “No coments”. El agente Felipe Bulnes cerró el turno chileno, con frases corteses de circunstancia pero insistiendo en que la CIJ debería declararse incompetente.
Crisis chilena rebotó en la CIJ
Carlos Antonio Carrasco n La camaradería inevitable entre bolivianos y chilenos, ubicados en la sala de prensa del Palacio de la Paz, rompió el tedio de esperar la noticia entre bromas, recuento de anécdotas y conjeturas varias. Sin embargo, el inesperado despido de los ministros del gabinete chileno puso a la presidenta Michelle Bachelet al centro de las novedades del día. Heraldo Muñoz, un tambaleante canciller, se encerró en su suite del Hotel Hilton hasta aparecer en las puertas de la CIJ, frente a la nutrida batería de periodistas y camarógrafos chilenos, una vez que la diferencia horaria con Santiago le permitió asegurarse de la ratificación en su cargo. Luego, sonriente, enfrentó a las cámaras para soslayar la pregunta y decir que era la presidenta Bachelet quien decidiría de su destino.
AJETREOS. Cuando la televisión chilena buscó la opinión boliviana acerca de la crisis, respondí: “Si hay alguien que tiene pega asegurada por los próximos cinco años, ellos son Heraldo Muñoz y David Choquehuanca, porque no se cambia capitán del barco en plena travesía”. Con ello, obviamente implicaba que la Corte de La Haya, se declararía competente para conocer la demanda boliviana.
Tras este inicio ajetreado, se comunicó una inédita ordenanza que nos esperaba en el Palacio de la Paz: fotógrafos y camarógrafos, solo permanecerían diez minutos en sala y luego deberían desalojar el recinto y acomodarse en los jardines. ¿La razón no revelada? La masiva irrupción de los medios chilenos (35 periodistas y diez cadenas de televisión) abrumaba a la presencia boliviana y en equidad, la CIJ no deseaba esa asimetría injusta en su casa.
