Tras siete años de la aprobación de los estatutos autonómicos cruceños, ayer se reanudó el juicio oral en contra del gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas, por el delito de malversación de Bs 10 millones destinados precisamente al referéndum departamental cruceño.
La audiencia del juicio oral fue instalada pasadas las 09.30, en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), por el juez presidente del Tribunal 3º de Sentencia de Santa Cruz, René Roca Rivero. Al acto asistieron las 28 personas acusadas de malversación económica, que se defienden en libertad.
Entre los acusados figuran los secretarios General de la Gobernación, Roly Aguilera; de Hacienda, José Luis Parada; y el exsecretario jurídico Vladimir Peña, además de 23 exconsejeros departamentales que aprobaron el desembolso de los recursos. El proceso penal fue abierto por la Fiscalía, a denuncia de la Contraloría General de la Nación (CGN).
En el inicio del juicio oral, Costas dijo estar orgulloso de haber llevado adelante la consulta popular y haber dado autonomía a Santa Cruz y al país. “Fue histórico el referéndum que planteaba un nuevo modelo político y económico, marcaba la profundización de la democracia”, precisó.
La autoridad electa recordó que, en breve, cinco departamentos del país participarán de una consulta popular para validar sus estatutos. “Será un acontecimiento histórico, porque gracias a dos eventos importantes canalizados desde Santa Cruz como el cabildo del millón y la recolección de 500.000 firmas, se dio pie al proceso autonómico”, manifestó.
Costas también advirtió que no se verá amedrentado por este tipo de juicios. “El siguiente paso será la carrera por la autonomía financiera, que forma parte del proyecto de pacto fiscal, es algo que no tendrá vuelta, como lo fue en su momento la autonomía política”, agregó.
Con relación a los estatutos cruceños, el gobernador electo señaló que en un corto tiempo se aprobará su adecuación a la Constitución y posteriormente se remitirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su legalización.
Vladimir Peña, uno de los procesados, indicó que se trata de un juicio político, porque en seis años de pesquisa no demostró la supuesta malversación de fondos. “La consulta popular es histórica y sirvió para que otros departamentos puedan acogerse al modelo autonómico”, dijo. Recordó que el referéndum, que es la causa de su proceso, ahora está constitucionalizado.
El proceso, en cuarto intermedio
Audiencia
La audiencia judicial en contra del gobernador electo de Santa Cruz se instaló después de las 09.30 de ayer. La acción judicial entró en receso durante el mediodía.
Suspensión
En la tarde, este proceso judicial tuvo que ser suspendido porque uno de los imputados no se presentó ante el Tribunal 3º de Sentencia de Santa Cruz, instancia que lleva adelante el litigio. En este juicio hay 28 personas que fueron acusadas de malversación.
