El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió hoy viabilizar la extradición del empresario peruano Martín Belaunde, quien es requerido en su país para responder por delitos como corrupción y guarda en Bolivia detención domiciliaria, precisamente, con fines de extradición. El Gobierno, en cumplimiento a la decisión judicial, deberá entregar al ciudadano peruano.
El magistrado Antonio Campero informó de la decisión asumida y recordó que es en respuesta a una solicitud tramitada por el Gobierno peruano contra su connacional, a quien también la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) le negó la condición de refugiado político por no haber probado ser un perseguido político.
Belaunde ingresó a Bolivia el 1 de diciembre por Desaguadero y 13 días después pidió asilo político, que le fue negado en primera y segunda instancia. Perú solicitó su detención y el TSJ ordenó su arresto domiciliario con fines de extradición, luego de revocar una inicial orden que disponía la detención en predios de la Conare.
La defensa del acusado por delitos como corrupción trató sin lograrlo levantar la orden de detención, sobre todo apoyado en un inicial rechazo de la justicia peruana a un pedido de extradición. Es buscado por delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir.
Campero explicó que ahora está en manos del Ejecutivo la entrega de Belaunde a las autoridades de su país. “Con la sentencia que se emitió se notifica a las partes y lo demás procede a derivar al Ejecutivo, tras el cumplimiento de trámites, se proceda a la entrega del ciudadano al Estado peruano”, añadió.
La decisión, destacó, fue asumida por unanimidad de los magistrados.
