Amílcar Barral, diputado suplente de Unidad Demócrata (UD), evalúa renunciar a su curul de la Asamblea Legislativa si las denuncias en su contra, referidas a cobros indebidos a dos funcionarios de ese órgano, se comprueban. Los afectados ratificaron ayer sus acusaciones.
“Si me demuestran algo de eso, yo me voy a ir, no es necesario que me estén iniciando procesos. No me hace falta pedir plata (dinero) a nadie, me va muy bien, gracias a Dios”, señaló ayer a La Razón Barral, quien apuntó que asumiría esa decisión porque “se están metiendo con el tema familiar”.
La semana pasada, el audio de una conversación entre Barral y el funcionario Hipólito Matías desveló el hecho. En una parte de la grabación se escucha decir a este último: “De los 4.300 (bolivianos) que pagan (en la Cámara), 2.000 nomás me has dado y no me alcanzaba y te he pedido”. Matías es uno de los funcionarios a quien Barral le habría descontado de su salario de Bs 4.300, Bs 2.500 y 2.300 entre febrero y marzo.
La jefa de bancada de UD en Diputados, Jimena Costa, fue quien denunció a su partidario ante la Comisión de Ética de esa Cámara, tras conocer la irregularidad. Barral anticipó que asumirá defensa en esa instancia.
Defensa. Jaime Navarro, dirigente de Unidad Nacional (UN) que es parte del bloque UD, afirmó que la posición de su frente es luchar contra la corrupción y, en esa línea, respaldan a Costa. A Barral le pareció “normal” la posición del directivo de UN; además remarcó que no pertenece a ese partido, puesto que el único vínculo es el pacto que rubricó como jefe de su agrupación Nueva Alianza Bolivia (NAB) con UN.
“Samuel Doria Medina —jefe de UN— me dijo que estaba mal lo que se había hecho y que me defienda donde tenga que defenderme”, dijo Barral.
El diputado suplente reconoció, como lo informó este medio, que el dinero que retuvo a Matías era parte de un “aporte voluntario”; Bs 1.300 iba a la campaña para Potosí y Bs 1.000 para NAB, que hizo llegar a “otra gente mucho más necesitada”.
Matías, quien aún cumple funciones como Asesor para la Gestión Parlamentaria (AGP) del diputado Julio Huanca (UD), informó que sus abogados alistan una demanda en contra del legislador opositor por 12 delitos penales, entre ellos cohecho pasivo propio, extorsión, uso indebido del cargo y uso indebido de influencias. Pero no sería la única denuncia, ayer también salió a la luz Rodrigo Murguía, otro funcionario al que Barral le habría pedido Bs 500 como pago por haberle “ayudado a ingresar a trabajar” a la misma Cámara.
Ambos afectados adelantaron que recurrirán a los presidentes del Senado y de Diputados para que tomen cartas en el asunto y se pueda “sentar precedente” sobre el caso, puesto que esta práctica ya sería frecuente.
A raíz de las denuncias efectuadas, Matías sostuvo que durante el fin de semana recibió amenazas vía teléfono. “Voy a pedir garantías públicamente, porque he sido llamado con números privados indicándome de que como hice esa denuncia, ahora me atenga a las consecuencias”. Barral, al respecto, aseguró: “No soy delincuente”.
Etica acepta el caso
Admisión
La Comisión de Ética de Diputados admitió ayer la denuncia de la jefa de bancada de UD, Jimena Costa, en contra de su diputado suplente, Amílcar Barral, por presuntos cobros indebidos y coacción, informó ANF.
