En la Cámara de Diputados se debate la Ley de Conciliación y Arbitraje, el proyecto autoriza al Estado a “suscribir acuerdos de solución amistosa” sobre demandas que radican ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Hemos introducido a una solicitud de la Procuraduría, un artículo que autoriza al Estado el poder suscribir acuerdos de solución amistosa ante la CIDH sin que signifique reconocimiento de responsabilidad internacional”, explicó ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce, ante el pleno de la Cámara Baja.
La autoridad agregó que el objetivo de esta disposición es evitar que las denuncias en contra del Estado lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sean resueltas en una instancia previa, que esta instancia dentro su procedimiento promueve como una alternativa la suscripción de acuerdos amistosos en controversias. “Básicamente consiste en que el Estado pueda librarse de muchos procesos en materia de derechos humanos”.
Bolivia es país signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 que tiene a la Corte de la CIDH como el organismo encargado de la resolución de controversias.
A la fecha el Estado tiene ocho demandas en curso en la CIDH que podrían ser resueltas previamente a partir de la vigencia de la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje que fue aprobada en su estación en grande ayer por la Cámara de Diputados.
