Aparte del proceso que enfrenta en la Comisión de Ética por presuntos cobros irregulares a funcionarios de la Asamblea Legislativa, el diputado suplente Amílcar Barral (UD) fue denunciado y es investigado ahora por la Fiscalía de Distrito de La Paz por los delitos penales de amenazas, extorsión, cohecho pasivo y coacción.
“Estamos analizando ampliar la querella por otros tipos penales más, además de pedir garantías para mí y mi familia”, manifestó Hipólito Matías, asesor de la bancada de la opositora UD y parte denunciante en este proceso legal.
La pasada semana, Matías y otro funcionario identificado como Rodrigo Murguía denunciaron descuentos de sus salarios por parte de Barral e informaron del hecho a la diputada Jimena Costa (UD), quien remitió el caso a la Comisión de Ética, adjuntando un registro de audio en el que se oye al legislador opositor lanzando amenazas e insultos contra Matías.
Por su parte, Barral anunció un proceso por extorsión contra este empleado, pero aún la causa no fue abierta; mientras tanto, advirtió que no hablará más del tema porque, según dijo, se trata de dañar su imagen y afectar la fiscalización que ejecuta como diputado.
El hecho generó que el acusado pierda el respaldo de su bancada y que se generen fricciones al interior de esa fuerza política. Costa fue acusada por su colega Rafael Quispe (UD) de ser “infiltrada” del MAS y Barral afirmó que la legisladora tiene “intereses personales” con ese tipo de acciones.
El senador Óscar Ortiz, de esa misma alianza política, sostuvo que si Barral es hallado culpable “no recibirá el apoyo de nadie”, mientras que el senador Arturo Murillo le pidió “dar un paso al costado”.
CAUSAS. Matías, que denunció ser amedrentado con llamadas por parte de afines a Barral, abrió dos causas, una penal ante el Ministerio Público y la otra ante la Comisión de Ética que, el martes, notificó al denunciado para que en diez días presente sus descargos.
“El caso fue admitido el viernes, pero la notificación no pudo hacerse hasta ahora porque el diputado Barral no hizo el registro de su domicilio (legal)”, señaló la titular de esa entidad, Alicia Canqui (MAS).
Según la denuncia, Barral hizo “un trato” con el diputado Gróver Huanca (UD) para contratar a Matías como su asesor en reconocimiento a los aportes económicos que hizo para las actividades proselitistas en Potosí. El legislador afirmó, sin embargo, que nunca llegó dinero a esa región. Amílcar Barral enfrenta un segundo proceso ante la Comisión de Ética por presunto “acoso político” en las redes sociales contra la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia; sin embargo, aún no ha sido notificado por ese caso.
