El Ministerio Público imputó ayer a la jueza Yolanda Ramírez, a un funcionario policial y a exautoridades penitenciarias en el caso El Abra II, por una balacera entre reos. Les acusa a todos de cometer al menos cinco delitos, entre ellos uso indebido de influencias.
Este proceso empezó por el tiroteo registrado en el citado penal, donde murieron cuatro reclusos. Después de ese hecho, el 14 de septiembre de 2014, los privados de libertad implicaron a autoridades, entre ellas a la suspendida y ahora imputada jueza Ramírez, ya que, según las denuncias, sabía de los ilícitos que se cometían.
Según la Fiscalía General del Estado, también se imputó a Dennis Fernando Mejía Montenegro (exdirector de Régimen Penitenciario); Yuri Abraham Duck Escóbar (exgobernador del penal de El Abra); Richard Emerson Gutiérrez Cuéllar (exjefe de Seguridad del penal de El Abra); Wendy Tejerina Lineo (extrabajadora social de Régimen Penitenciario) y a Gregorio Condo (funcionario policial).
Ilícito. Las seis personas fueron imputadas por la comisión de delitos de concusión, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, beneficios en razón del cargo y asociación delictuosa.
Según el cuaderno de investigaciones, los imputados cometían abuso de poder, realizaban cobros ilegales, extendían autorizaciones fuera de norma, otorgaban permisos para fiestas en los recintos penitenciarios (en las que también participaban), permitían el ingreso de bebidas alcohólicas a los penales, drogas y armas de todo tipo y calibre, además de otras irregularidades evidenciadas por representantes de la Fiscalía. El Ministerio Público, una vez que conoció el caso, llevó adelante el proceso investigativo hasta llegar a la presentación de la acusación formal.
Después de la balacera y la matanza por tener el poder entre los reos, en noviembre de 2014, se identificó como los autores intelectuales y materiales de la balacera a 16 reclusos calificados de “alta peligrosidad”, por lo que fueron trasladados a los penales de Chonchocoro y San Pedro, en el departamento de La Paz, y a Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra.
Después del hecho de sangre, en el recinto carcelario se aumentó la seguridad y los operativos sorpresa. No obstante, en marzo de 2015, un grupo de reclusos, exdelegados del entorno de Édgar Ariel Tancara Sandagorda, delegado mayor de la cárcel que fue una de las cuatro víctimas mortales, intentó retomar el control del penal, por lo que fue aislado de la población penitenciaria y luego fue trasladado a otro recinto carcelario de La Paz. Según la Fiscalía, el caso El Abra II continúa con la investigación en busca de otros nexos de los autores de la balacera.
