A 72 días de que entren en vigencia los Códigos Morales, el Consejo de la Magistratura avanzó un 80% de su implementación, pues le resta el 20% que implica el alquiler de oficinas para los juzgados y la compra de equipos para grabar los juicios orales.
Bajo la denominación de Códigos Morales, por el apellido del presidente Evo Morales, el Estado boliviano comenzó una “revolución judicial” a través de la revocación y actualización de las normas legales que comienzan con el Código Procesal Constitucional, el Código Niño, Niña y Adolescente y la Ley del Notariado. Se tiene planificado que desde este 6 de agosto entren en plena vigencia los códigos Procesal Civil, de las Familias y del Proceso Familiar.
Esta responsabilidad de la implementación de los códigos modificados está en manos del Consejo de la Magistratura. La consejera Cristina Mamani sostuvo que la construcción y elaboración del plan comenzó en diciembre de 2013, en una labor coordinada con el Tribunal Supremo de Justicia, la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial, Escuela de Jueces del Estado y el Ministerio de Justicia.
Avance. Mamani manifestó que hasta el momento ya se avanzó en un 80% de esa implementación, particularmente en la infraestructura para los juzgados públicos en materia civil, familia, niñez y adolescencia, además de las salas de audiencia, oficinas de conciliación y sus salas de conciliación que están siendo adecuadas en cada uno de los tribunales departamentales y por la dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial (DAF).
En caso de no existir o si faltare ambientes para el funcionamiento adecuado de juzgados y oficinas de conciliación, el Consejo de la Magistratura tiene planificado alquilar ambientes en los inmuebles más cercanos a cada tribunal departamental.
Pero, ¿cuáles son las particularidades que deben tener las nuevas salas de juicios orales? Cada ambiente, para el desarrollo de las audiencias, deberá estar equipado con computadoras, impresoras, scaners, equipos de video y audio para registrar las audiencias, además de servidores y una red de internet. También se debe garantizar la existencia de mobiliario, entre ellos escritorios, sillones ejecutivos, vitrinas y estantes.
En criterio de Mamani, uno de los cambios más importantes será la vigencia de los conciliadores. Su colega Róger Triveño confirmó que el 2 de junio, luego de un proceso de selección de méritos, se tomará exámenes en todo el país a profesionales para que postulen a estos cargos.
Mamani dijo que en total serán 157 conciliadores que comenzarán a trabajar desde el 6 de agosto y consideró fundamental su rol porque, a través de la cultura de paz y del diálogo, evitarán llegar los procesos a instancias judiciales y, de esa manera, se reducirá la carga procesal en el país.
Cada uno de los conciliadores, según cálculos hechos en el Órgano Judicial, debe tener una remuneración que se ubique en un nivel salarial intermedio entre el secretario del juzgado y del juez. Por ese motivo se pensó que este operador de justicia debe ser considerado como profesional III en la escala salarial vigente, con lo que queda habilitado para obtener mensualmente Bs 5.719.
El consejero Triveño informó que toda esta implementación se lleva adelante con el uso de recursos propios del Órgano Judicial. Actualmente, el Tesoro General de la Nación (TGN) asigna el 0,85% del total del presupuesto para la Justicia, que en cifras absolutas representa Bs 600 millones.
Con esa cantidad de recursos no se brindará las condiciones óptimas para el funcionamiento de los juzgados públicos, solo se alcanzará a cubrir las necesidades mínimas para el inicio del funcionamiento de esos juzgados, afirmó el director Nacional de Control y Fiscalización, Juan Michel. La autoridad advirtió que el TGN debe destinar recursos adicionales para la implementación de los Códigos Morales en Bolivia.
Además, Michel hizo notar que actualmente se encara la implementación de los Códigos Morales con los recursos gestionados de la cooperación internacional, particularmente a través de Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y recursos propios del Órgano Judicial. “Solo alcanzaremos a cubrir las necesidades más mínimas para brindar condiciones de funcionamiento de los juzgados públicos”, señaló el entrevistado.
Presupuesto. Todo el proceso de implementación tiene hasta el momento una inversión aproximada de Bs 20 millones, principalmente destinados al equipamiento y adecuaciones de la infraestructura. Sin embargo, Michel estimó que sería óptimo destinar al menos Bs 60 millones para cubrir con toda la demanda que implica la puesta en marcha de los códigos modificados.
En el monto ejecutado, según Michel, no se toma en cuenta los recursos para la nivelación salarial de los jueces de instrucción que, al constituirse en jueces públicos, percibirían una salario similar a un juez de partido, lo que representa aproximadamente Bs 10 millones adicionales que, en criterio de la autoridad, deben ser cubiertos por el TGN, ya que el Órgano Judicial agotó sus recursos para aumentar sueldos.
A esto se suma la nivelación salarial para el personal de apoyo de los juzgados públicos, especialmente para el caso de provincias. De acuerdo con lo establecido en la norma, los actuales jueces de Instrucción y Partido se convertirán en jueces públicos en Materia Civil y Comercial, por lo tanto no se crearán nuevos juzgados y se trabajará con los mismos recursos humanos existentes.
