La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) recomendó ayer al Ministerio de Gobierno despenalizar el microtráfico de drogas en la nueva Ley de Sustancias Controladas que se redacta en el Ejecutivo.
La propuesta la hizo ayer el representante de la UNODC, Antonino de Leo, tras el lanzamiento del proyecto “Prevención del uso indebido de drogas en las comunidades educativas de Bolivia”, en un acto realizado en la Cancillería al que asistieron autoridades del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid).
“La última resolución de la Comisión de Estupefacientes recomienda a no punir con penas privativas de libertad el narcomenudeo y esas son buenas prácticas en el ámbito internacional. Esto porque no tiene que ser tratado de la misma manera como el narcotráfico”, sostuvo De Leo.
Agregó que en el trabajo de revisión de la Ley 1.008 o en la redacción de la nueva Ley de Sustancias Controladas, es importante tener la práctica recomendada, ya que se debe diferenciar a los narcotraficantes de los jóvenes que cayeron en el microtráfico porque son poblaciones vulnerables, hasta para el mismo consumo.
“No cárcel para el narcomenudeo, esa es la sugerencia a todos los Estados miembros, esperamos y trabajamos en ese sentido también con el Ministerio de Gobierno para que la nueva Ley de Sustancias Controladas no criminalice la pobreza (que es en la que caen gente sin recursos y que ve una forma de conseguir el sustento)”, remarcó De Leo.
El Gobierno redacta tres normas; la Ley de Sustancias Controladas; la Ley de la Coca; y la Ley de Extinción de Dominio de Bienes solo para el narcotráfico. En el caso de la lucha antidroga, el representante de la UNODC señaló que el proyecto de prevención en unidades educativas se lleva adelante con recursos de la Unión Europea y del Conaltid, que es parte de una estrategia integral.
“Se trabajará con los maestros, los niños, adolescentes, jóvenes y los padres de familia. El trabajo empezará en cuatro ciudades del país: La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Se planificó trabajar con 2.000 docentes, 80 unidades educativas, 6.000 padres de familia y se estima llegar al menos a 50.000 estudiantes que tiene base empírica”, adelantó De Leo.
