El Ministerio Público continuará con el proceso iniciado en contra de los acusados de ser cómplices de la fuga del peruano Martín Belaunde, debido a que cometieron delitos de orden público en Bolivia. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, confirmó esa acción y advirtió que existe un proceso penal abierto por la fuga del extranjero, por evasión, debido a que se violó la detención domiciliara que cumplía en una vivienda de la zona de Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz.
Guerrero afirmó que los procesos penales que se siguen en contra de los implicados de la huida de Belaunde continuarán su causa legal porque “hubo evasión y han participado otros actores (en el ilícito), por lo que se realiza la investigación”. La autoridad estuvo ayer en la ciudad de La Paz.
Guerrero explicó que existe una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que autoriza la extradición del señor Belaunde hacia Perú y, sobre la base de estos documentos, se analizará también junto a la Cancillería de Bolivia para definir el futuro legal. Belaunde fugó cuando esperaba que concluya el trámite de extradición que solicitó Perú, él es acusado de delitos de corrupción.
En el tema de los procesos de investigación, hasta la fecha existen al menos 13 procesados penalmente por la fuga. A esta lista se suman ocho personas que fueron detenidas ayer en la localidad de Magdalena (Beni). Estos últimos fueron arrestados por ayudar a esconderse al extranjero, cuando era buscado por la Policía.
Entre los 13 imputados están cinco policías dependientes del Ministerio de Gobierno que custodiaban a Belaunde, que tienen detención preventiva en la cárcel de San Pedro, acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y cohecho activo. Hay seis familiares de Belaunde que también fueron imputados por la Fiscalía por favorecimiento a la evasión y complicidad en cohecho. Por último, existen dos abogados aprehendidos sindicados de evasión y cohecho activo y pasivo. Para la Fiscalía, entre familiares y abogados, intentaron sobornar con dinero a vocales del Tribunal de Justicia, pero al no darse, optaron por pagar la fuga del foráneo.
Juez envía a la cárcel al Curaca Blanco
El juez 1º de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Román Castro, envió a la cárcel de San Pedro, con detención preventiva, a Yulliano Arista (Curaca Blanco) acusado de ayudar a fugar al peruano Martín Belaunde. “En relación al ciudadano Jorge Yulliano Arista Alcócer, toda vez que no se desvirtuó ningún riesgo procesal, se dispone la detención preventiva (del imputado) en el penal de San Pedro y queda prohibido de tener comunicación con cualquier implicado en el caso”, determinó Castro.
El juez cautelar también dictó la detención domiciliaria de Pol Luyo Díaz, pariente de Belaunde, con arraigo, la obligación de firmar el libro de asistencia en la Fiscalía los viernes y la presentación de dos garantes personales. Castro asimismo dispuso arresto domiciliario para Gabriel Maximiliano González, con una fianza de Bs 20.000, arraigo y dos custodios policiales en su casa.
El titular de la comisión de fiscales que investiga el caso, Gregorio Blanco, informó que el juez actuó apegado a la norma. Con esta acción judicial se busca llegar a establecer la realidad de los hechos que se dieron para la fuga de Belaunde, agregó la autoridad. Ayer, este mismo juzgado suspendió la audiencia cautelar del abogado Jorge Valda, acusado también de ayudar en la fuga de Belaunde e imputado por favorecimiento a la evasión y complicidad en cohecho activo.
Abogados, en estado de emergencia por Valda
Debido a la aprehensión de Jorge Valda, abogado del empresario peruano Martín Belaunde, los juristas de La Paz están en estado de emergencia por la vulneración de derechos constitucionales y libre ejercicio de la profesión, advirtió el presidente del Colegio de Abogados, Raúl Jiménez.
Valda fue aprehendido el lunes en la ciudad de Potosí porque, según la Fiscalía, ayudó a escapar al extranjero el domingo por la madrugada, por lo que se lo acusó de cometer cohecho activo y pasivo. Para hoy se tiene prevista su audiencia cautelar para que el juez defina su situación legal.
“La detención del abogado Jorge Valda es calificada por el Colegio de Abogados como un exceso, lo que es preocupante para los 50.000 abogados que existen en el país. Si esto se consolida, sin demostrar que el jurista cometió el delito, es un precedente peligroso, ya que coartan el ejercicio de la profesión y se vulneran los derechos constitucionales”, explicó Jiménez a este diario. Agregó que los abogados hacen un juramento para defender a los ciudadanos, así éstos sean delincuentes o no, y se debe preservar el secreto profesional, es como un sacerdote, ejemplificó. No descartó una medida de protesta nacional.
