Por efecto de la crisis del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Asamblea Legislativa propuso la postergación, por 60 días, de los referendos aprobatorios de los estatutos autonómicos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí, inicialmente previstos para el 12 de julio.
El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, marcó la línea de estas modificaciones al iniciar la sesión en la que también se preparaba la convocatoria a nuevos vocales del TSE. El procedimiento estará sujeto, además, a una modificación del reglamento de designaciones de la Ley del Órgano Electoral, pero sin afectar los principios constitucionales.
“Hay un conjunto de decisiones administrativas que solo un Tribunal Supremo Electoral puede hacer, entonces es muy probable que nos veamos obligados a postergar, unas semanas, la realización del referéndum para poder tener el Tribunal conformado con gente idónea e inmediatamente llevar adelante el referéndum”, informó García.
No obstante, serán las nuevas autoridades, a ser elegidas con base en la meritocracia (concepto que será incluido en la normativa electoral), las que definirán la fecha de esas consultas.
La Ley 018 del Órgano Electoral establece en su artículo 13 que las designaciones de los vocales están atadas al “control social” y a la participación de “las organizaciones de la sociedad civil” a la par de los requisitos de méritos exigidos para este fin. La sesión concluyó pasada la medianoche y se dispuso que durante una semana se discuta la pertinencia de estas disposiciones que regularán la selección de las autoridades electorales plurinacionales.
Unánime. Los vocales que se elijan a merced de la nueva convocatoria reemplazarán a los siete vocales que dimitieron durante la semana. Los nuevos designados ejercerán un mandato de seis años, tal como señala la Constitución, es decir hasta 2021. “El objetivo es priorizar la meritocracia y elegir a personas de las que no haya la menor duda, respecto a su idoneidad, imparcialidad y su capacidad”, señaló García Linera, quien el jueves lamentó la pérdida de credibilidad de las autoridades que dejaron sus cargos en medio de una inédita ola de críticas.
La sesión de la Asamblea Legislativa, que en principio fue convocada para la interpelación del ministro de Economía, Luis Arce, y la modificación de la Ley de Autonomías, comenzó con la lectura de la correspondencia y del orden del día, que tuvo que ser modificado para poder incluir el análisis de la crisis del TSE.
Entre las cartas enviadas al Legislativo estaban las renuncias de seis vocales: Wilma Velasco, Ramiro Paredes, Dina Chuquimia, Irineo Zuna, Fanny Rivas y Marco Ayala. Los senadores y diputados del oficialismo y la oposición aceptaron por unanimidad las dimisiones. El vocal Wilfredo Ovando envió su renuncia al presidente Evo Morales, que fue quien lo designó, en apego a la Constitución.
Una vez aceptadas las renuncias, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó la ruta crítica que recorrerá la Asamblea y confirmó los ajustes “inmediatos” a la legislación, previos a la publicación de la convocatoria para nuevas autoridades. La legisladora no precisó los artículos que cambiarán en la normativa, pero ratificó la necesidad de exigir a los postulantes “excelencia” y conocimientos sobre derecho electoral.
Para la elección de vocales
CPE
Para ser vocal se requiere “cumplir las condiciones generales de acceso al servicio público, haber cumplido 30 años de edad al momento de su
designación y tener formación académica”. Artículo 207
Ley
El artículo 13 de la Ley 018 fija condiciones de idoneidad, pero atadas al control social y a las organizaciones de la sociedad civil.
El TSE está en manos de la Secretaría de Cámara
El vicepresidente Álvaro García Linera señaló ayer que mientras no se designen nuevos vocales en el TSE, será la Secretaría de Cámara la que se hará cargo de los temas administrativos en esa entidad, ante la eventual paralización de sus actividades. Descartó la posibilidad de habilitar autoridades suplentes para hacer quórum en el Tribunal.
“No puede haber un Tribunal interino (…). Hay un secretario de cámara que maneja la parte administrativa”, sostuvo García. La dimisión de los siete vocales generó la preocupación de los funcionarios de esa entidad, debido a que los trámites y decisiones que tiene que asumir la Sala Plena quedaron congelados. Incluso, los empleados están desconcertados sobre el pago de salarios.
