El Legislativo apura la convocatoria para la selección de los vocales del TSE y abre la posibilidad de que funcionarios en ejercicio participen del proceso.Además, prevé la postergación del referéndum autonómico en cinco regiones, que debía realizarse el 12 de julio, hasta el 20 de septiembre.
Ayer, cerca de las 20.00, la Comisión de Constitución de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley de “Transición institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE)” para dar paso a la reestructuración de ese órgano, tras la crisis provocada por la renuncia de todos sus miembros. Los vocales que se elijan con la nueva convocatoria, que se prevé se hará pública hasta el siguiente domingo, reemplazarán a los siete que dimitieron durante la semana que termina.
El documento será analizado y debatido el lunes en la Cámara Baja, en sesión convocada a las 14.00 y posteriormente será el turno del Senado. El Legislativo prevé acortar todos los procedimientos administrativos pertinentes por la urgencia del caso.
“La Asamblea tiene un deber fundamental, el de dar solución al problema que ha estado carcomiendo al TSE en su institucionalidad misma. Esta es la solución que está apegada a la Constitución”, informó ayer a La Razón la titular de la Comisión de Constitución de Diputados, Betty Yañíquez.
Asimismo, la disposición tercera de la propuesta de normativa ratifica lo que fue planteado como opción por el vicepresidente Álvaro García, el viernes, ante el pleno camaral: la postergación de los referéndums en Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.
Los futuros designados ejercerán un mandato de seis años, como señala la Constitución Política del Estado (CPE), es decir hasta 2021. Para ello, el proyecto prevé la modificación del artículo 15 de la Ley 018, del Órgano Electoral, que establece como una de las causales de elegibilidad lo estipulado en el artículo 238 de la Carta Magna. Éste prohibe a quienes “ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República”, participar de estas compulsas.
Con la modificación, las causales de elegibilidad se basarían en el artículo 236 de la CPE, que establece solo prohibiciones para el “ejercicio de la función pública” a quienes tienen relación con el desempeño de más de un cargo público. Con ello se abre la posibilidad de que funcionarios públicos en actual ejercicio de sus funciones se habiliten en la pugna.
Sin embargo, el proyecto de ley no contempla la designación de las nuevas autoridades, a ser elegidas con base en la meritocracia, un concepto que la oposición demanda se incluya en de manera irrestricta para garantizar la idoneidad de las futuras autoridades electorales. “El proyecto está trabajado en estricto apego a la ley y con la mayor transparencia posible”, afirmó Yañíquez.
Por otro lado, la disposición transitoria segunda propuesta faculta al Director Administrativo Financiero del TSE a realizar los gastos imprescindibles para el funcionamiento administrativo, financiero y de gestión legal en tanto se designen a las nuevas autoridades electorales.
La crisis en el tSE
Dimisión. Los siete vocales del Tribunal presentaron su renuncia entre el lunes y viernes, sucesivamente.
Nexos. Las exautoridades fueron cuestionadas por su supuesta vinculación con el oficialista MAS y por irregularidades.
