Cerca de un millón de dólares fue distribuido, según los indicios, entre funcionarios de al menos cuatro reparticiones estatales para posibilitar la fuga del peruano Martín Belaunde del domicilio donde guardaba detención, informó el fiscal general, Ramiro Guerrero.
La autoridad aseguró que los primeros datos de la investigación del Ministerio Público dan cuenta de que “algunos” vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), jefes policiales y funcionarios de Migración fueron los beneficiarios.
“Estamos hablando de cerca de un millón de dólares. Estamos investigando (…), no quiero hacer afirmaciones, no quiero dar nombres, (hay) alguna gente incluso de Migración”, dijo Guerrero en una conferencia de prensa en la capital del país, Sucre.
El sábado, el exministro de Gobierno Hugo Moldiz, quien renunció a su cargo precisamente por este caso, había advertido sobre estas irregularidades en una entrevista concedida a la red estatal de radioemisoras Patria Nueva.
“El caso Belaunde expresa el movimiento de mucha plata, creo estamos por el millón de dólares. Expresa una podredumbre en sectores de la Policía”, aseguró la exautoridad ministerial.
Belaunde —exasesor del presidente peruano, Ollanta Humala, investigado por la Justicia de su país por supuestos actos de corrupción— se evadió el 24 de mayo de su arresto domiciliario, días previos a su extradición.
Fue recapturado el jueves 28 por la Policía en la población de Magdalena, Beni, cerca de la frontera con Brasil, país al que pretendía viajar en una avioneta, y un día después fue entregado a las autoridades peruanas en la población fronteriza de Desaguadero.
Dos contactos telefónicos, uno con el Canal N del Perú, en el que dijo que fue secuestrado y resultó herido, y otro con el abogado Fernando Tiburcio, para tramitar asilo para su familia en Brasil, fueron rastreados por la Policía, que así ubicó su paradero.
Al respecto, Guerrero informó que se están indagando los datos de la “triangulación de llamadas telefónicas”, mensajes de textos, y la participación en la huida de los custodios de la Policía.
Operador. La indagación también alcanza al comandante departamental de La Paz, Édgar Olguín, a sus familiares y al movimiento de “sumas fuertes” de dinero que uno de los abogados de Belaunde habría pagado para allanar la escapatoria del empresario.
Según el Fiscal General, uno de los defensores del extranjero que está aprehendido (Jorge Valda) no solo le prestó asesoramiento jurídico, sino que también realizó pagos para garantizar su huida.
“No es la primera vez. Tiene dos antecedentes con la fuga de Róger Pinto y (Humberto) Roca de AeroSur, o sea, es la tercera vez que este abogado está con este tipo de situaciones”, precisó la autoridad del Ministerio Público.
El exsenador Pinto, que ahora tiene asilo en Brasil, y Roca, expresidente de la desaparecida aerolínea y que vive en Estados Unidos, tienen procesos penales pendientes en la Justicia boliviana.
Una misión de fiscales viajará a Lima, Perú, para tomar declaraciones al extraditado Belaunde, quien es investigado en territorio nacional por el delito de evasión.
Al menos 13 personas fueron imputadas por complicidad con su huida. El 28 de mayo, Rodrigo Quispe Quispe fue condenado a tres años de prisión por haber acogido al peruano en su domicilio de la localidad de Magdalena. En el mismo penal, Yuliano Arista (Curaca Blanco) guarda detención preventiva por vínculos con la fuga.
Legislativo alista petición de informe
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, presentará una petición de informe escrito al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, para que explique los detalles de los supuestos pagos que habría efectuado el peruano Martín Belaunde a funcionarios del Estado para posibilitar su fuga.
“Voy a pedir un informe para que conozcamos cuáles son los funcionarios policiales y los funcionarios de administración de justicia corruptos, es importante que el pueblo boliviano los conozca”, señaló a La Razón Borda.
El legislador oficialista aseguró que esta iniciativa no debe considerarse como una “intromisión” en las pesquisas que realiza el Ministerio Público.
“No es entrometerse en la investigación de los hechos, sino simplemente ejercer nuestras facultades de fiscalización”. La petición de informe también se baraja en el Senado, pero aún no existe una solicitud oficial.
El jefe de la bancada de la opositora Unidad Demócrata en esa cámara, Óscar Ortiz, consideró que las denuncias de Guerrero “son muy graves”, por lo que urge “individualizar” a los responsables. “Corresponde que el fiscal sea convocado al Legislativo a fin de que informe sobre las acusaciones y lo que esté haciendo al respecto”, señaló, aunque no dijo cuándo formulará el pedido.
