El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó ayer las declaraciones del fiscal general, Ramiro Guerrero, relativas a que algunos magistrados estarían involucrados en la fuga frustrada del empresario peruano Martín Belaunde.
El presidente del Tribunal Constitucional, Zenón Bacarreza, lamentó esas declaraciones y afirmó que se ha dañado la imagen de la institución. Anunció además que van a pedir que el fiscal Guerrero realice una denuncia concreta en la que se individualice a las supuestas autoridades vinculadas, para desarrollar una investigación seria y conforme a la ley.
Por otro lado, Bacarreza calificó como “apresuradas” las afirmaciones de Ramiro Guerrero y señaló que el representante del Ministerio Público ha generado “alarma y preocupación” entre sus colegas.
El domingo, Guerrero acusó al empresario Martín Belaunde de haber distribuido aproximadamente un millón de dólares a policías, funcionarios de Migración, además de jueces, vocales y magistrados del Tribunal Constitucional para salir del país.
En el marco de la investigación, hoy se conocerá un informe pericial que realizó el Ministerio Público sobre las llamadas que efectuó el empresario peruano Martín Belaunde con su entorno familiar y sus abogados, con el fin de consolidar su plan de fuga desde la ciudad de La Paz. El Fiscal General reconoció que esa información fue determinante para su detención en la población beniana de Magdalena.
Guerrero también anunció que una parte de la comisión que investiga el caso se trasladará al Perú para tomar una declaración informativa a Martín Belaunde, quien es acusado en Bolivia de evasión de la detención domiciliaria que había dispuesto el Tribunal Supremo de Justicia.
Pagos para la fuga
Coimas
Según el fiscal general, Ramiro Guerrero, el peruano Martín Belaunde pagó a administradores de justicia, funcionarios y policías para aplicar su plan de fuga
