El presidente en ejercicio Álvaro García advirtió que teme una venganza de la red de corrupción que ayudó a fugar al peruano Martín Belaunde, antes de que éste sea extraditado a fines de mayo. La reacción se daría en contra del mandatario Evo Morales u otras autoridades del Gobierno.
García ofreció una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, dos días después de que Morales denunciara que en el caso Belaunde se desbarató una red de extorsión de abogados bolivianos y extranjeros que ayudaron a huir al peruano, el 17 de mayo, cuando cumplía detención preventiva. Por ese hecho la Fiscalía indaga el caso y a la fecha tiene 19 personas implicadas.
“Es importante que la población sepa que hay una red tenebrosa que protege a corruptos y ¿qué más estará haciendo?, yo me temo y alerto a la población que esa red de protección de corrupción y del delito va a intentar vengarse, va a intentar hacer algún daño a las personas que nos hemos involucrado contra esta temática, comenzando del presidente Evo, porque es una red poderosa”, sostuvo García. Aseguró que el Gobierno no teme a esa red, aunque sea capaz de muchas cosas, como inventar o tramar acciones inconfesables e inimaginables contra el propio Presidente, algún ministro o algún funcionario de la Policía.
“En el caso Belaunde se reveló que hay una red mafiosa, de protección a corruptos y delincuentes, con mucho dinero y muy influyente, nosotros no nos vamos a detener frente a ella, vamos a sancionarla, vamos a buscar que la encarcelen”, declaró el Presidente en ejercicio.
Amenazas. Por esa situación, García hizo un llamado a la población para que esté alerta respecto a la reacción de venganza que pueda tener el grupo ilegal al que hizo referencia. Belaunde fue extraditado el 29 de mayo, tras huir de su detención domiciliaria. Según el Ministerio Público, sus cómplices son sus custodios, familiares y abogados. En los últimos cinco días, también se implicó y aprehendió a dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Ricardo Chumacero y Ramiro López, acusados de favorecer al peruano en una acción de amparo constitucional.
Estas dos autoridades fueron acusadas por el presidente de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), César Siles, de recibir al menos $us 100.000 y un vehículo de lujo cada uno por emitir un fallo favorable a Belaunde. Esa orden dejó en fojas cero la solicitud de asilo político que solicitó el peruano, pero luego, los mismos vocales, rechazaron el recurso.
Ayer, Siles informó que el abogado de Belaunde, Jorge Valda, y su cuñado, Yuliano Arista, aprehendidos, en su declaración ante la Fiscalía ratificaron que los vocales cometieron un ilícito al recibir dádivas del peruano, por eso serán parte denunciante.
“Después de una reunión que hemos tenido con los miembros de la Conare hemos decidido apersonarnos en el segundo proceso penal que se instauró por la fuga del señor Belaunde, en el cual fueron imputados los vocales Chumacero y López, por el delito de cohecho pasivo. Nos constituimos como parte procesal y pedimos que se amplíe la imputación por prevaricato e incumplimiento de deberes”, indicó Siles a los periodistas.
En el caso hay al menos 19 procesados. Dos de ellos, Rodrigo Quispe y el abogado Freddy Vicovic de Santa Cruz, se sometieron a un juicio corto y fueron sentenciados a tres años de prisión, acusados por los delitos de favorecimiento a la evasión.
No hay citas para el TCP
Proceso
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Zenón Bacarreza, confirmó que ninguno de sus colegas magistrados fue citado por la Fiscalía por el caso de la fuga de Martín Belaunde. En este caso se indicó que un magistrado del TCP estaba implicado.
Familiares del peruano esperan un juicio corto
Al menos siete familiares del empresario peruano Martín Belaunde esperan una respuesta del Ministerio Público para someterse a un juicio abreviado. Mientras tanto, a 16 días de su aprehensión, Jorge Valda, abogado del extranjero, aún espera su audiencia cautelar. En el caso Belaunde hay al menos 19 procesados, entre ellos familiares, custodios policiales, abogados y vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acusados de ayudar en la fuga del peruano.
“Estamos esperando la respuesta de la comisión de fiscales sobre si procede o no la solicitud del juicio abreviado, para que después se realice la audiencia de sentencia contra mis familiares implicados en este caso, pero lamentablemente son 15 días y no nos dicen nada”, lamentó Giovana Ocampo, sobrina de Belaunde.
Las personas que solicitaron el procedimiento alternativo a la Fiscalía son: Moisés Ocampo, Daniela Duarte, Paolo Luyo, Gabriel Gonzales, Carmen Arista y Yuliano Arista, además de los abogados Martín Cortez y Jorge Valda.
Otros implicados en el caso son Rodrigo Quispe y el abogado cruceño Freddy Vicovic, quienes ya se sometieron a un juicio abreviado y fueron sentenciados a tres años de prisión, acusados por los delitos de favorecimiento a la evasión. Alberto Morales, abogado de Valda, denunció que su cliente ya está detenido al menos 23 días sin audiencia cautelar, a la espera de someterse a un juicio corto que ya fue pactado con la Fiscalía.
El TSJ observa procesos a dos vocales
Yuvert Donoso
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, criticó al Consejo de la Magistratura por iniciar un proceso disciplinario en contra de dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz involucrados en el caso Belaunde, porque considera que ninguna persona puede ser enjuiciada por dos organismos o dos jueces al mismo tiempo.
La reacción del máximo representante del Órgano Judicial surgió luego de que los consejeros Wílbert Choque y Cristina Mamani informaran que la Magistratura abrió una investigación disciplinaria en contra de los vocales Ramiro López y Ricardo Chumacero por estar supuestamente implicados en un fallo que favoreció al empresario peruano Martín Belaunde, quien era requerido por la Justicia de su país por corrupción.
Al margen de ese proceso, ambos vocales están aprehendidos por el delito de cohecho pasivo en la Justicia Ordinaria y esperan sus audiencias cautelares. “Nadie puede ser enjuiciado por dos lados, por dos organismos, por dos jueces y menos sentenciados”, expresó Von Borries y explicó que no puede haber dos sentencias. “Un proceso tiene que sumarse al otro, por eso los códigos bolivianos establecen la acumulación de causas”.
“Ese es el elemento que nos ha llamado la atención, esa premura, por ganar laureles (y decir) ya estamos enjuiciando a fulano”, dijo el presidente del TSJ y afirmó que el proceso ya está en manos de la Fiscalía y esa es la instancia constitucional que debe investigar.
