El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sostiene que la aprehensión de la magistrada Mirtha Camacho se constituye en un cuestionamiento a la independencia de esa institución. Camacho declaró ayer en la Cámara Baja por una denuncia en su contra y aún tiene pendiente otras ocho.
La magistrada del TCP fue aprehendida el miércoles, cerca de las 17.30, en Sucre y traslada a La Paz vía terrestre. Llegó a las 05.00 y declaró en oficinas del Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados a las 06.10 ante dos miembros de esta instancia legislativa, acusada de cometer el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
“En este caso no se está haciendo daño a la imagen de una magistrada, sino se está haciendo el daño a una institución, al Tribunal Constitucional Plurinacional, y se está cuestionando la independencia con la que debe trabajar este tribunal respecto al Órgano Legislativo en este caso”, reclamó el magistrado del TCP Ruddy Flores, quien cuestionó que los diputados no hayan tomado en cuenta el justificativo de Camacho para reprogramar su declaración.
Rechazo. Enfatizó que la institución no admite que el citado comité pueda poder someter a otro órgano como el TCP porque, en ese caso, “estamos debilitando un Estado constitucional de derecho y eso implica responsabilidades en el ámbito internacional por los compromisos que asumió Bolivia”.
Flores también rechazó el hecho de que se haya trasladado, vía terrestre, a Camacho, ya que los diputados del comité podían haber ido a Sucre para tomarle declaraciones. Consecuentemente, señaló que el TCP deplora ese tipo de acciones y exigió del Órgano Legislativo que en los juicios de responsabilidades se respeten los derechos y garantías constitucionales. “Esa solicitud no es términos personales de quienes componemos el tribunal, sino en términos de un respeto y la consolidación de un estado constitucional de derecho”, manifestó.
Juan Cala, presidente del Comité del Ministerio Público de Diputados, informó que Camacho declaró en esta instancia legislativa por una denuncia interpuesta por Benita Ichuta.
“La magistrada Camacho quedó liberada y retornó a Sucre para cumplir con sus obligaciones. No obstante, el Comité de Ministerio Público continuará con las investigaciones del caso, para luego sacar el informe respectivo, en el que puede ser que se inicie un juicio de responsabilidades o como también se rechace la denuncia”, explicó Cala a los periodistas.
El asambleísta resaltó que Camacho aún tiene otras ocho denuncias en su contra, de las cuales dos ya fueron puestas a su conocimiento y notificadas legalmente. En ambas demandas se la acusa de cometer el delito de prevaricato. La magistrada del TCP deberá compadecer el 30 de junio a las 10.00 y 11.00, correspondientemente en el Comité de Ministerio Público, en la ciudad de La Paz.
Camacho expresó su molestia por su aprehensión, ya que le generó “una situación incomoda” porque los asambleístas deberían haber ido a Sucre para recabar la declaración y todos los documentos que necesiten. Consideró que la orden de captura en su contra fue apresurada, sin valoración de pruebas.
Existen más denuncias
Análisis
El presidente del Comité de Ministerio Público de Diputados, Juan Cala, indicó que hay otras denuncias en contra de miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que son evaluadas, pero no precisó los nombres.
