El juez 1º Cautelar de la ciudad de Oruro, Daniel Copa, envió ayer al penal de San Pedro a un funcionario edil y ordenó medidas sustitutivas para otras 13 personas por un caso de corrupción que fue descubierto en Derechos Reales (DDRR) el 8 de septiembre de 2014.
Según el fiscal anticorrupción que atiende este caso, Zúlmer Villegas, otros dos procesos relacionados con hechos irregulares en Derechos Reales aún son indagados. “Uno ya se encuentra con resolución de imputación y en el otro se amplía la investigación en contra de otras personas, aspectos que serán puestos a conocimiento del órgano jurisdiccional para convocar a las personas involucradas”, declaró la autoridad. Villegas explicó que en la etapa preliminar del proceso llevado a cabo ayer se ha establecido todos los aspectos de convicción que fueron elementos para imputar a los funcionarios de Derechos Reales.
Los funcionarios enjuiciados son acusados de manipular datos informáticos para venderlos a terceros o beneficiarse. Además, el funcionario edil que fue encarcelado es sindicado de otorgar fotocopias de planos de viviendas que no estaban aprobados.
Consejo. El delegado distrital de la Magistratura, René Delgado Arteaga, señaló que los hechos de corrupción perpetrados en gestiones pasadas tienen el mismo modus operandi. “Son las mismas personas apoyadas con algunos auxiliares, las que están implicadas en los otros dos casos”, advirtió.
Lamentó que, en este caso, la Fiscalía haya presentado una escasa fundamentación acusatoria, la misma que fue verificada por el juez, motivo por el cual envió a la cárcel solo al funcionario municipal implicado, mientras que las otras 13 personas fueron beneficiadas con medidas sustitutivas.
Añadió que para los otros dos casos denunciados se prevé que en los próximos días se señale fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares. “Estamos convencidos de que la justicia va a determinar por propio sentido común de que solo eran tres las personas en informática, dos que son definitivamente los autores del hecho y un auxiliar”, afirmó.
Arteaga sostuvo que estos actos de corrupción generaron un daño económico a Derechos Reales porque no recibió el monto que correspondía por valores, ya que el trámite fue efectuado directamente por vía digital. “Se ha dañado la seguridad de la institución porque hay personas que se han beneficiado por la corrección arbitraria de sus datos”, expresó.
