En 2013, en Bolivia se abrieron 250.000 juicios penales, de los que solo 611 (0,24%) obtuvieron una sentencia, según estadísticas judiciales. De acuerdo con este último recuento, pues aún no hay datos de 2014, 9.000 (3,6%) procesos tuvieron una imputación.
Estos datos están contenidos en el anuario del Consejo de la Magistratura de la gestión 2013 y fueron revelados a La Razón por el magistrado Iván Lima, quien calificó de alarmante esa información porque cada caso penal implica la libertad de los litigantes.
“Las diferencias de los números son abismales, si 250.000 casos se inician y se sentencia a 611, ¿qué pasa con esas miles de personas que no tienen una decisión final en su caso, dónde está la gente? ¿en las cárceles?, ¿están con medidas cautelares?, ¿están con medidas alternativas a la detención preventiva?, ¿cuándo va a terminar su caso?”, se preguntó el magistrado Lima.
Cárcel. Según ese registro, en 2013 se emitieron más de 9.000 órdenes de detención preventiva. “Eso significa que esa cantidad de gente entra y sale de los penales. No podemos quedarnos tranquilos con una situación tan grave porque pareciera que en el país es más fácil matar a una persona que lograr una solución jurídica”, lamentó.
Lima, al referirse a datos de la Policía de 2010, señaló que en esa gestión se registraron 3.863 muertes de manera violenta, frente a un promedio de 600 procesos que llegan a tener sentencias. En la última década, 40.000 fallecieron en condiciones violentas y el Tribunal Supremo de Justicia, en recursos de casación, como fallos definitivos, ha condenado solo a 150 personas.
“Resulta que hay muchos bolivianos que mueren y que el Órgano Judicial nunca aclara en qué condiciones han fallecido, si ha sido realmente por un hecho delictivo o de manera accidental”, afirmó Lima y reveló que en ese tribunal se arrastran procesos que datan de la década del 70.
En criterio del magistrado Lima, la cantidad de jueces en Bolivia es suficiente para atender las causas, pero dijo que es necesario crear mecanismos de solución de conflictos antes de que lleguen a estrados judiciales. En ese marco, propone la creación de la justicia vecinal, la conciliación y el arbitraje.
El Consejo de la Magistratura, instancia encargada de elaborar las estadísticas judiciales en el ámbito nacional, a seis meses de la presente gestión todavía no ha concluido su anuario de la gestión 2014; por ello, la última información se basa en datos de 2013.
Según la estadística disponible de la Magistratura, en el Órgano Judicial, en 2006, se atendieron 314.083 causas, mientras que en 2013 esta cifra llegó a 624.943. O sea, en siete años hubo un incremento de 310.860 procesos, lo que en cifras porcentuales representa un aumento de 98,97%, prácticamente duplicado su número.
En el caso del número de juzgados, también según los datos del Consejo de la Magistratura, en 2005 había 801 juzgados en todo el país, incluidas las capitales y provincias. Para 2014 estos tribunales se ampliaron a 1.004. En este caso, en nueve años, hubo un aumento de 203 cortes, que en cifras porcentuales representa a 25,34% más.
Si se toma en cuenta el número de juzgados en 2005 y las causas atendidas en 2006 (debido a que los datos del Consejo respecto a juzgados no están disgregados por años), se encuentra que cada juzgado o juez tenía que atender un total de 392 juicios. Pero esta cifra crece aún más si se compara los procesos de 2013 con el número total de juzgados de 2014, pues, en este caso, cada juzgado o juez debía atender 622 casos.
Tomando en cuenta los últimos datos, cada tribunal debió atender 230 (58%) causas más. Autoridades judiciales entrevistadas explicaron que la carga procesal no es homogénea para todos los administradores de justicia, pues los jueces de capitales tienen más trabajo que sus colegas de las provincias.
Cuestionan la labor judicial
- Ejecutivo
El presidente Evo Morales afirmó que la “retardación (de juicios) y la corrupción son el cáncer de la justicia boliviana”. El vicepresidente Álvaro García sostuvo que es “una pena” la administración judicial.
- Cumbre
El Gobierno prepara una cumbre judicial con el fin de diseñar la apertura de la Constitución Política del Estado y la construcción de una justicia desde sus cimientos, ya que ningún ajuste representa una mejora, según anunció García en enero.
