Después de tres años y cuatro meses, representantes de la Plataforma de Luchadores Sociales y Sobrevivientes de la Dictadura se reunieron con autoridades estatales para analizar su pedido de resarcimiento por los daños sufridos durante gobiernos de facto.
Durante todo este tiempo, los exiliados vivieron en carpas al frente del Ministerio de Justicia, en El Prado. El fin de semana se reunieron con la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y el subprocurador, Lucio Marca, para analizar cuáles son los puntos que impiden la conclusión del conflicto.
Acordaron que a partir del sábado 25 de julio se conformarán grupos para trabajar durante dos meses. Revisarán las listas de las personas que califican para recibir el beneficio que les otorga la Ley 2460 de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política.
Julio Llanos, presidente de la Plataforma, informó en Radio Panamericana que la reunión fue el resultado de los compromisos que se hicieron el 19 de marzo de este año, en Washington. También la llegada del papa Francisco a Bolivia impulsó a este acuerdo, pues instó a “no construir muros sino más bien a derribarlos para que haya mejor comunicación entre todos”, puntualizó Llanos.
Los dirigentes esperan que los documentos sean analizados con “seriedad, compromiso y responsabilidad política”. Llanos añadió que “no se han fijado plazos (pero) si se le da continuidad, en dos meses (un acuerdo) estará concluido”.
Empero, el dirigente se quejó porque los nuevos requisitos son “imposibles de conseguir”. Por ejemplo, un certificado de tortura de un médico forense, un testigo que indique el grado de lesión e impedimento que ha causado la tortura, el certificado del inicio y conclusión de la persecución y el pasaporte original de exiliados.
“No es posible cumplir. En ese entonces no habían forenses, cómo tener pasaporte si han salido casi en calzoncillos con un cartel que decía delincuente político sin derecho de retornar”, reclamó.
