Al menos una decena de objeciones y cinco revocatorias fueron interpuestas por la Fiscalía y la defensa en menos de 120 minutos, durante la audiencia de juicio oral en el supuesto caso de Terrorismo que se encuentra en su fase de presentación de testigos, lo que dilata aún más este proceso.
El mayor de la Policía Rolando Ocampo, presentado como el primero de los 42 testigos que tiene previsto presentar el Ministerio Público durante el juicio oral, declara desde la última semana de marzo.
El abogado Gary Prado Arauz, que patrocina a su padre, el general (r) Julo Prado Salmón, dijo que las constantes objeciones que vienen interponiendo los fiscales frenaron el avance del proceso que ya supera los cinco años. “Es algo con lo que se tiene que lidiar todos los días, hay que tener una habilidad para lograr que nuestras preguntas sean respondidas y en muchos casos no siempre se consigue”, sostuvo.
El 18 de febrero de 2013, el juicio oral del caso Terrorismo —que surgió en 2009 tras la desarticulación de un grupo acusado de separatista—, administrado por el Tribunal 1º de Sentencia de La Paz, fue trasladado de Tarija a la ciudad de Santa Cruz. Desde entonces radica en la capital oriental.
A criterio del jurista, la férrea restricción de los fiscales al interrogatorio al primer testigo, por parte de la defensa, solo tiene una explicación y es que se pretende averiguar la verdad sobre los acontecimientos.
Para los fiscales Sergio Céspedes y Marco Antonio Rodríguez, que son acusadores, las objeciones o revocatorias que se presentan durante las audiencias del juicio oral que se desarrolla desde 2009 forman parte del proceso. El juicio oral se instaló con la presencia de 21 acusados. De ellos Ignacio Villa Vargas, Elod Tóásó, Mario Tadic, Juan Kudelka y Zoilo Salces se declararon culpables y se acogieron a un proceso abreviado en el que recibieron sentencia.
