Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ‘no tienen derecho a entrometerse en asuntos políticos’ internos y de hacerlo deberán abandonar Bolivia, advirtió el vicepresidente Álvaro García, quien añadió que hay ONG y fundaciones que desarrollan un ‘tipo de acción política encubierta’ en función a intereses internacionales.
“Detrás de una ONG están las grandes empresas extranjeras, de automóviles, petróleo, de gas, de biotecnología que financian a estas ONG y están gobiernos del norte. ¿Qué les decimos? financien en su país, no tienen por qué venir a entrometerse a nuestro país”, afirmó en una conferencia de prensa en la Vicepresidencia del Estado.
Hay instituciones de este tipo que tienen, añadió, una clara filiación. Identificó a Milenio, de quien señaló está vinculado al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada; y a la Fundación Tierra por estar manejada por un ex ministro vinculada al gonismo. Además mencionó a las fundaciones Cedip y al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), a quienes calificó de ‘trotskistas verdes’.
Milenio fue creada en 1991 y trabaja en tema de tierras, derechos de los pueblos indígenas y políticas agrarias incluyentes, mientras que el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), fundado el 21 de enero de 1985, se aboca a la investigación sobre la problemática laboral.
Les decimos: “señores de la ONG usted no tiene derecho a entrometerse en asuntos políticos de nuestro país, si se entromete se va fuera”, sostuvo en la conferencia en la que cuestionó objetivos de instituciones financiadas desde el exterior porque -consideró- están bajo lineamientos extranjeros vinculados a mantener el subdesarrollo en países del sur.
“En el fondo estas ONG, que financian estos países y estos organismos extranjeros, tienen un solo cometido: que los países del sur se estanquen, no pude tener sus propias políticas de desarrollo interno, de propio crecimiento”, insistió.
La administración del presidente Evo Morales viabilizó la exploración hidrocarburífera es siete de 22 áreas protegidas, lo que desató críticas de organizaciones medio ambientalistas y de organizaciones de pueblos indígenas.
“Nuestra relación con gobiernos y empresas extranjeras es muy claro; servicios en función de nuestra política, utilidad en función de la política de Estado soberano, pero no este tipo de acción política encubierta”, señaló.
