Tras la advertencia del Gobierno de expulsar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se entrometan en asuntos de Estado, el diputado Víctor Borda anunció la elaboración de una ley para fiscalizar y sancionar a entidades que no cumplan con sus tareas específicas.
En su condición de vicepresidente de la Cámara de Diputados, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) adelantó que en las próximas semanas iniciará la elaboración del proyecto, en coordinación con ministerios de Estado encargados de regular las políticas de cooperación internacional. Para el diputado, la nueva ley deberá establecer “la naturaleza jurídica de las ONG, la finalidad que tienen esas organizaciones y la transparencia en el manejo de sus recursos”.
“Hay ONG que dicen defender el medio ambiente pero sus recursos los desvían a otros fines (…). Tiene que haber sanciones y responsabilidades individuales” a quienes manejan esas entidades, enfatizó Borda, quien remarcó la necesidad de fiscalización permanente del dinero que manejan.
Norma. El lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera cuestionó la labor de cuatro organizaciones: las fundaciones Milenio y Tierra, además del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), a las que acusó de hacer política partidista. “Si (alguna ONG) se entromete, se va afuera”, sentenció.
Para la autoridad, hay ONG que se basan en una “política transnacional imperial” que en el pasado buscaban controlar la natalidad en los países de Sudamérica y ahora perfilan una “supuesta protección a la naturaleza”.
Basado en una petición de informe, el diputado Borda detalló que de las 2.228 ONG que operan en el país, solo 291 tienen su registro de funcionamiento vigente y que el resto no tiene documento actualizado.
En ese entendido, aclaró que el objetivo es “controlar” a las organizaciones que no develan los objetivos de su presencia en el país. “De todas esas entidades no se sabe cuántas han contribuido a mejorar las condiciones económicas de la población o han gestionado proyectos fundamentales”.
Sin embargo, ésta no sería la primera ley que busca controlar las actividades de organizaciones y fundaciones sin fines de lucro. En marzo de 2013 fue promulgada la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, cuyo objetivo es regular las funciones de esas entidades y hacer transparentes sus operaciones para evitar irregularidades, y también incluye la revocatoria de permisos a las que incumplan los objetivos para los que fueron creados.
Borda señaló que la nueva ley no será complementaria, sino específica, porque la ley vigente no incorpora control. “Ahora se buscan medidas coercitivas más efectivas (…) incorporando sanciones para que las ONG no se deslicen de sus objetivos y finalidades. Hay que saber cuánto tienen y en qué están invirtiendo”, insistió el diputado. Ante la alusión de García Linera, las ONG Cedib y CEDLA negaron las acusaciones y afirmaron que no recurren a auspicios partidarios, son apolíticas y practican el pluralismo. Tierra dijo que no tiene financiamiento externo.
La relación con las ONG
Medida
La relación Gobierno-ONG no es la mejor. En 2013 fue echada IBIS “por injerencia y acciones de división”. Ese mismo año expulsó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) por similares acusaciones.
