El juez ordinario mixto cautelar de Challapata, Waldo Mollo, dispuso la detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro de los imputados en el caso Fondo Indígena Timoteo Choque Choqueticlla, Benjamina Callizaya y Javier Cepeda.
Las tres personas están implicadas por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en desmedro del Estado y de 44 familias del ayllu Cawalli, en relación a un proyecto de microrriego no ejecutado.
En la audiencia, que duró cerca de tres horas el viernes, los abogados defensores no pudieron rebatir el fundamento planteado por la Fiscalía en su imputación, ni fueron convincentes al plantear el argumento de que los tres acusados no tienen antecedentes penales y que por lo tanto no serían un peligro ni obstaculizarían las investigaciones.
El juez Mollo tomó en cuenta los peligros procesales que fundamentó la Fiscalía, toda vez que los imputados no presentaron ninguna documentación que acredite domicilio y fuente laboral, además de que no actuaron en contra de la empresa por la mala ejecución del proyecto Micro Riego Río Verde, en el ayllu Cawalli de Marka Challapata.
Dijo que pese a las irregularidades verificadas en el proyecto, se efectuaron los dos desembolsos, con un total de Bs 556.635, que se constituyen en un daño económico al Estado y a las 44 familias del ayllu beneficiarias con el proyecto. Asimismo, no se presentaron descargos sobre los recursos desembolsados.
““No cumple con las especificaciones del proyecto inicial en ese sentido se ha visto que han incumplido el convenio en todas sus cláusulas porque no han presentado ni si siquiera descargos”, explicó al respecto patricia Soto abogado del Fondioc en Oruro
“El proyecto no fue concluido, ni se tomó acciones contra la Empresa (Constructora y Consultora Unipersonal NIYPA) que ejecutó la obra; por tanto, por los fundamentos expuestos se dispone la detención preventiva de los tres imputados en el penal de San Pedro de Oruro, resolución impugnable en las próximas 48 horas”, dice el fallo del juez.
El representante legal del proyecto, Timoteo Choque Choqueticlla; el representante administrativo, Benjamina Callisaya, y el representante de ejecución, Javier Cepeda, aprehendidos el jueves en Challapata, son acusados de haber causado un daño económico de Bs 556.635. El contrato de ejecución del proyecto fue firmado en 2012.
