La Unión Europea (UE) apela al “diálogo político” con las principales autoridades del Gobierno para coordinar las tareas que ejecutan las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben recursos del extranjero, declaró ayer el jefe de la legación diplomática de ese bloque, Timothy Torlot.
El embajador afirmó que “una buena parte” de la cooperación que envían los países miembros de la UE a Bolivia lo hacen a través de las ONG y que la labor se realiza en “coordinación con todos los niveles del Estado”. Negó así cualquier tipo de injerencia política porque —según dijo— “no se hace un trabajo en contra del Gobierno”, a propósito de la advertencia del vicepresidente Álvaro García Linera de expulsar a las entidades extranjeras que se entrometan en asuntos internos.
“Involucramos siempre al Gobierno en el trabajo que hacemos con las ONG; creo que hay que continuar en eso (…), en el diálogo político incluso con el Presidente (Evo Morales) y el Vicepresidente (Álvaro García Linera)”, remarcó Torlot, quien participó en un acto en la Cancillería donde se presentó el informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Informe. La relación entre el Gobierno y las ONG no pasa por un buen momento. La pasada semana, García Linera cuestionó a cuatro de ellas por realizar actividad política y amenazó con expulsar a las que incurran en esta contravención, como ocurrió en 2013 con la organización IBIS de Dinamarca. Luego aclaró que el Estado garantizaba la libertad de asociación en el caso de las entidades nacionales, pero mantuvo la advertencia a las ONG extranjeras.
El Vicepresidente apuntó a los intereses de los financiadores de las fundaciones Tierra, Milenio y a la conducción del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), a cuyos directivos les calificó de “trotskistas verdes”.
Al respecto, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), que aglutina a 26 ONG, criticó la existencia de un doble registro para estas entidades y defendió el principio de “autorregulación”. Susana Eróstegui, directora de esa institución, informó que uno de los problemas que afecta a esas entidades y, por ende, genera susceptibilidades en el Gobierno es la ausencia de un “sistema único” de registro.
Por una parte, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) inscribe a las ONG y recibe la información técnica de estas instituciones para que puedan operar, mientras que el Ministerio de Autonomías otorga licencias de funcionamiento, en el marco de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas.
Al respecto, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, consideró que la norma contiene elementos “inconstitucionales” porque vulnera el derecho a la libre asociación para conformar ONG y permite al Gobierno disolver esas organizaciones sin una orden judicial. Recordó que en junio de 2013 presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sobre el cual aún no hay una respuesta.
El registro actualizado
Cantidad
Según el VIPFE, en Bolivia operan 2.228 ONG de las que solo 291 tienen registro actualizado para funcionar. Autonomías tiene un listado de 223, de las que 39 tramitan la renovación de su personalidad jurídica.
