Ese número no le correspondía, “yo le puse 21060” al decreto que fue promulgado el 29 de agosto de 1985, reveló Norberto Vargas Cruz, responsable de la Unidad de Archivo del Palacio Quemado, el funcionario más antiguo que trabaja en esa entidad. Con 33 años de experiencia en el área, Vargas jamás imaginó que codificaría la normativa que entonces delineó una nueva era en la política económica del país.
“Por ese entonces, tenía la opción de numerar los decretos; ahora, en cambio, viene con fecha y un número correlativo, ya no se puede hacer eso. Lo único que quería era asignar un número fácil para poder acordarme rápido (…), no pensé que iba a ser un decreto de tanta trascendencia”, contó el funcionario a La Razón.
Eran las 05.00 del 29 de agosto. Vargas y todo su personal habían trabajado la noche anterior y parte de la madrugada en la unidad de documentación, labor que desempeñó desde 1982, aunque en 1964 él ya era empleado en el Palacio, cuando entró como barrendero.
Tras un largo debate, el gabinete de Víctor Paz Estenssoro por fin concluyó el decreto supremo. “Amanecieron debatiendo y a esa hora me llegó el documento final; el decreto no tenía número, yo se lo puse, soy el padre del 21060”, recordó Vargas con una sonrisa.
Proceso. El 6 de agosto de 1985, el emenerrista Víctor Paz Estenssoro juró como presidente y Julio Gárrett Ayllón, vicepresidente, sucediendo a Hernán Siles Zuazo, de la UDP, el frente que inauguró el periodo democrático, tras 20 años de dictaduras militares. Empero, éste no logró resolver los problemas económicos, según el sociólogo Jorge Ocsa Laime, en el tomo VI de Bolivia, su historia. (2015).
El miércoles 29 de agosto, a las 18.00, en transmisión radial y televisiva, Víctor Paz promulgó el Decreto 21060, en el marco de la denominada “Nueva Política Económica”, para acabar con la crisis e impulsar la paz y la producción. “O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere”, manifestó en su histórico discurso presidencial.
Ese año, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se ganó la confianza del electorado y entró al poder (1985-1989) por el buen uso mediático que hizo de los términos “estabilidad” y “progreso”. Desde el 19 de agosto, el Ministerio de Información difundió una campaña que hacía énfasis en la “urgencia de paliar la crisis”.
A manera de presagio, días antes de la promulgación del decreto emenerrista, apareció este aviso en los periódicos Hoy y Última Hora: “Bolivia está en quiebra, cuando un país está en quiebra solo tiene dos alternativas: morir o luchar por la vida. Vivir significa paz social y producción. ¡Afrontemos la crisis económica!”
La nueva normativa, entre otras cosas, abolió las restricciones para importar bienes y servicios, estableció la libre contratación de personal, determinó la reducción de empleados en las empresas públicas y fijó un salario mínimo que, en septiembre de 1985, equivale a 30 dólares.
Los ministros firmantes del decreto son: Guillermo Bedregal Gutiérrez, Enrique Ipiña, Hugo Rodríguez, Sinforoso Cabrera, Orlando Donoso, Antonio Tobar, Fernando Cáceres, Luis Valle, Douglas Ascarrunz, Wálter Costas, Mauricio Mamani, Carlos Alcides, Reynaldo Peters y Guillermo Riveros. “Después, el problema se desató en las calles, cerraron tiendas y negocios; los ministros se fueron a sus despachos, comenzaron a aplicar el decreto y a esperar resultados”, relató Norberto Vargas.
Los comerciantes volvieron a practicar medidas como en la UDP: especular y ocultar productos de primera necesidad. Cerca de 27.000 trabajadores mineros, 10.000 empleados públicos y 25.000 maestros fueron despedidos. La Central Obrera Boliviana (COB) dictó la huelga general indefinida y el gobierno respondió con un estado de sitio nacional, intervino los piquetes y confinó a unos 174 dirigentes.
Con todo, el Estado siguió funcionando. El MNR pactó con empresarios, medios y políticos e impulsó el “Plan de Estabilización”, contratando personal temporal, pero no palió los despidos. La tensión subió y en 1986 los mineros marcharon de Oruro a La Paz, en la llamada Marcha por la Vida.
Pilares del 21060
• Establece un tipo de cambio “único y flexible”.
• Legaliza todas las transacciones en dólares.
• Anula la restricción a importar bienes y servicios.
• Determina abolir el control sobre los precios de bienes y servicios
• Dicta la descentralización de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), disolución de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF).
• Libre contratación de personal y reducción de empleados públicos
• Se fija el salario mínimo que equivale a $us 30.
En 1956 hubo otro ‘21060’ por la inflación
Rubén Ariñez
En 1956 y en medio de los vítores de la Revolución de 1952 se había diseñado el Plan Eder, una norma que efectuó ajustes al sistema de la economía nacional, similares a los que resquebrajó la estabilidad política en 1985 tras la promulgación del Decreto 21060 que da inicio al neoliberalismo en el país.
“Esto fue ideado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tenemos ese primer antecedente, pero además por la imposición extranjera de organismos internacionales”, recordó ayer el ministro de Trabajo, José Gonzalo Trigoso. Jackson Eder, un profesor de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y que contrató Bolivia, a recomendación del FMI, había “lanzado el primer 21060”, recordó.
Fue en el gobierno de Hernán Siles, que se promulgó el Decreto 4538 el 15 de diciembre de 1956, bajo el argumento de un aumento “considerable” del consumo interno, como consecuencia de las conquistas “emergentes” de la Revolución. Estaba latente la inflación.
La historiadora Magdalena Cajías (Bolivia, su historia. 2015), precisa que la norma fijó la estabilización de la moneda y rígidos controles sobre créditos bancarios. La norma determinó, además, la regulación libre de bienes y servicios, aumentos en las tarifas de los servicios públicos y la eliminación de la “pulpería” para los mineros, entre otros aspectos. Cajías explica que el decreto marcó la redefinición de la relación Gobierno-obrero. Según el ministro Trigoso, fue la “primera división de la COB”.
