El proyecto de Estatuto Autonómico de Oruro, que todavía debe ser validado en el referendo del 20 de septiembre, estipula como “prioridad” la consolidación del puerto seco como un polo fundamental de desarrollo dentro de las políticas económicas de la región. El artículo 102 de la normativa regional establece que la Gobernación “deberá consolidar e implementar el puerto seco por ser prioridad para el desarrollo del departamento (…) por su ubicación geográfica, como centro de distribución e integración nacional e internacional bioceánica”.
VITAL. Exautoridades departamentales y expertos en comercio internacional califican al proyecto de “vital para la economía” de la región. Su importancia radica en los beneficios económicos que representa al país el transporte de mercancía a ultramar por su cercanía con los puertos del Pacífico.
El Estatuto, además, específica la promoción de “ejes” viales de integración a los corredores interoceánicos. De hecho, la Ley 3316 de 2005 establece que estos asuntos son una “prioridad nacional”.
El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que las premisas del Estatuto son “la base inicial de la existencia” del departamento, por ello lidera la campaña por el Sí “rotundo” a la norma.
De las 14 organizaciones habilitadas para la campaña del referendo en la región, 12 afines al MAS promocionan el Sí. Solo El Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y Participación Popular (PP) piden el voto por el No.
“La visión de la norma es muy limitada, no permite desarrollar la utilización geográfica del departamento para constituirnos en el verdadero nexo del comercio internacional del país”, lamentó el secretario regional de Demócratas, Franz Choque. Al respecto, Vásquez admitió la necesidad de “perfeccionar” muchos aspectos de la normativa, pero aseguró que con base en las sugerencias de la oposición y a través de leyes regionales se efectuará la “profundización” del Estatuto.
Orureños verificarán tres tipos de autonomía
Autonomías destaca el proceso y la participación de los actores sociales
De las seis regiones donde se desarrollará el referendo del 20 de septiembre, en el departamento de Oruro se verificarán tres tipos de autonomía: la departamental, municipal e indígena originaria.
Los 297.217 ciudadanos habilitados para la consulta ciudadana en el departamento aprobarán o rechazarán el Estatuto Autonómico de la región. Además, los habitantes de Huanuni, en la provincia Pantaleón Dalence, someterán en el plebiscito la carta orgánica municipal de esta localidad.
Mientras que en la localidad de Totora Marka se decidirá si dejan de ser municipio y pasan a ser la primeras autonomías indígenas.
El viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales, Emilio Rodas, destacó este proceso y aseguró que las normas se redactaron con “amplia participación” de la ciudadanía y los sectores sociales, quienes —dijo— consensuaron sus normas básicas autonómicas para fijar la visión de desarrollo de sus regiones.
Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Potosí buscarán la aprobación de sus estatutos. Además, Tacopaya y Cocapata (Cochabamba) pretenden validar sus cartas y Charagua (Santa Cruz) quiere ser autonomía indígena.
La visión demócrata sobre la norma
1. El Movimiento Demócrata Social (Demócratas) asegura que el Estatuto de Oruro tiene una visión centralista y no profundiza la autonomía departamental, un criterio que rechaza el Movimiento Al Socialismo (MAS) puesto que asegura que es una norma que fomenta la autonomía en todos los niveles.
2. Se critica la declaratoria de la quinua solo como patrimonio departamental y no así como un producto estratégico. El departamento es uno de los principales productores de este grano. Una situación similar sucede con la producción de camélidos a pesar de la gran potencialidad en este sector.
3. No precisa prioridades específicas relacionadas con temáticas portuarias. En criterio de los opositores, existe la necesidad de que el Estatuto pida “emplazar” silos de almacenamiento, playas de transbordo intermodal, etc. Piden que el puerto seco se asemeje a un puerto marítimo pero “sin mar”.
4. Cuestionan el carácter declarativo de la normativa porque solo se limita a criterios etnoculturales y no impulsa el desarrollo.
5. Aseguran que la ley no reivindica el resarcimiento a los daños ocasionados por los “pasivos” de la producción minera como un tema “irrenunciable”.
