El Ministerio Público aún no tiene fecha para una nueva declaración, en idioma tacana, del dirigente indígena Adolfo Chávez, después que el sábado la jueza de turno, Romy Peredo, anulara el proceso porque la notificación y la declaración no fueron realizadas en la lengua materna del acusado.
El proceso fue abierto contra Chávez por el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, por el delito de incumplimiento de contratos por Bs 902.000. Este caso se encuentra dentro de los 153 proyectos de desarrollo observados por la Contraloría en febrero, debido a que no existen o no fueron concluidos y porque causaron un daño de al menos Bs 71 millones al Estado.
Chávez dice que no teme enfrentar ningún proceso, porque no se quedó con ningún centavo de los recursos económicos mencionados y pidió al Ministerio Público convocar a declarar a los directores administrativos de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Shirley Villegas y Pedro Ágreda, quienes eran técnicos de los proyectos y tenían la responsabilidad de rendir los informes.
El abogado de la defensa, Otto Ritter, señaló que la investigación está en manos de la Fiscalía, porque los recursos económicos fueron girados a las cuentas de la Cidob y no a la cuenta personal de Adolfo Chávez.
